Arturo Torró: "Yo solo temo a Dios y a la muerte"

Arturo Torró, exalcalde de Gandia por el Partido Popular y ahora militante de base de esa formación, se volvió a colocar ayer en el centro de la política local al anunciar que había presentado una querella contra la actual alcaldesa socialista, Diana Morant, entre muchas otras personas, a quienes acusa de delitos en el proceso de liquidación de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), que tuvo lugar a partir del año 2016.

Pero esa querella, como el propio exalcalde vino a reconocer ayer, es, en realidad, una reacción un tanto a la desesperada. Lo que buscaba, y no ha logrado, es que la alcaldesa Morant retirara o suavizara las causas judiciales que Torró tiene abiertas por su gestión en el ayuntamiento y que le auguran un auténtico calvario en los tribunales a partir del próximo mes de abril. Como esas acciones siguen adelante, con peticiones de penas de prisión, Torró ha respondido diseñando una supuesta defensa con ataque a Diana Morant.

La primera causa contra el exalcalde es la de Tele7. Ahí la Fiscalía y el propio ayuntamiento pedirán penas de prisión, de hasta ocho años, por malversación de fondos públicos, así como la inhabilitación absoluta por un periodo de veinte años.

La segunda, que se verá en el Tribunal de Cuentas y en un juzgado de lo mercantil de València, es el procedimiento por responsabilidad social, lo que podría denominarse como «mala gestión», al frente de IPG. Ahí el consistorio ejerce la acusación y estima que Torró, junto a otros cargos del PP, deberían devolver 3,5 millones de euros.

La demostrada contundencia de ambas acusaciones, que han seguido un largo proceso en los tribunales, y la posibilidad de que acabe con penas de prisión ha hecho que Torró y sus abogados se inclinaran por intentar abrir una «negociación» con los actuales responsables del Ayuntamiento de Gandia para «retirar los pleitos», como él mismo señaló ayer en su comparecencia, algo que, como es del todo evidente, no ha logrado.

Invitación a sumarse a la querella

Abocado a los juicios, y a las sentencias que se deriven de los mismos, el exalcalde gandiense sorprendió con ese anuncio de querella, que se dirige tanto a la alcaldesa Morant como al resto del Gobierno local y del Consejo de Administración de IPG en la pasada legislatura, el interventor municipal, los liquidadores de la empresa pública y el auditor de cuentas de la misma.

Fiel a su estilo, Torró incluso invitó «a cualquier persona» a sumarse a esta acción judicial, y también a «algún grupo político», en evidente referencia al PP, que, como anunció ayer el presidente y portavoz del partido, Víctor Soler, no lo hará. Este es otro síntoma de la soledad política en la que queda el otrora todopoderoso exalcalde, quien ayer incluso se atrevió a atacar a la Fiscalía por las acusaciones en el caso Tele7. «La Fiscalía quiere que Torró no se presente a las elecciones», dijo, como dando a entender que aún aspira a dirigir instituciones.

Arturo Torró, que compareció solo ante los medios de comunicación, estuvo largo rato resumiendo el farragoso argumento de los supuestos delitos por los que ha presentado la querella, y dijo, refiriéndose a todas las personas a las que acusa, que «esto les va a asustar de verdad». Y es entonces cuando, para marcar diferencias, pensando en esa procesión de juicios y graves acusaciones a las que tendrá que hacer frente en las próximas semanas, concluyó, otra vez, con una de esas categóricas frases que marcaron su reinado en Gandia: «Yo solo tengo miedo a Dios y a la muerte».

Daniel Martí, concejal del PP, entre los querellados

Una de las «grandezas» de Arturo Torró, demostrada a lo largo de su trayectoria política, ha sido la de no medir debidamente las consecuencias de algunas de sus acciones. Así se vio lo largo de su gestión en el ayuntamiento y volvió a repetir ayer.

Porque, además de intentar implicar en supuestos delitos a una veintena de personas que siguieron instrucciones muy meditadas para liquidar IPG, entre los acusados se encuentra, nada menos, que un militante y concejal del PP. Se trata de Daniel Martí, que estuvo en el Consejo de Administración de IPG y que participó en algunos de los actos que ahora Torró considera delictivos. Claro que, en aquella legislatura de 2011 a 2015 Martí era asesor del concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, y durante esos cuatro años defendió hasta la saciedad la necesidad de cerrar IPG para poner fin a esa caja oscura, o ayuntamiento paralelo, en que se había convertido la empresa pública.

Pero ayer Torró también consiguió enfadar a su propio partido, al que no había comunicado la decisión de presentar la querella, a pesar de que, en las causas judiciales abiertas por Tele7 e IPG están otros concejales y exconcejales, como el propio Víctor Soler, Guillermo Barber, Toni Abad o Javier Reig.

La sorprendente reacción de Torró, en cierta medida, también le aleja de un partido al que dirigió durante años y para el que consiguió la única mayoría absoluta que ha «reinado» en el Ayuntamiento de Gandia.

El PP gandiense no reaccionó ayer a la querella de Torró, pero fuentes del partido indican que, en todo caso, se trata de un paso que el exalcalde ha dado a título estrictamente personal.

«Es un intento desesperado de desviar la atención»

En el Gobierno local de Gandia la reacción a la querella de Torró llegó de boca del concejal Vicent Mascarell, quien señaló que esta denuncia responde únicamente «aun intento a la esperada para desviar la atención» de las causas judiciales que el excalcalde afrontara. «Arturo Torró se enfrenta a causas judiciales que le podrían llevar a la prisión», indicó Mascarell.