En tono de broma, Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), dijo en una ocasión que cada vez que venía a Gandia la alcaldesa de la ciudad le robaba un tinglado. Pero en esta ocasión lo que Diana Morant ha conseguido no es un mordisco, sino la pieza entera.
Porque, en un hecho histórico, el Consejo de Administración de la APV aprobará hoy el inicio del expediente para la cesión a la ciudad de Gandia de 17.500 metros cuadrados que ahora son de su titularidad. Y de esa superficie destaca, sin duda, el llamado Moll dels Borja, el paseo, con terrazas y locales comerciales, que cierra por el norte la dársena portuaria. En el mismo paquete entran 690 metros cuadrados junto lo que era la puerta principal del Club Náutico y otros 2.051 situados junto a la rotonda donde confluyen las calles Mare de Déu Blanqueta y Llevant, en lo que en alguna ocasión se bautizó como plaza de les Vies.
Pero es que el acuerdo también incluye el uso público de once tinglados, cuya hilera constituye una imagen icónica del puerto, así como la gran explanada situada a sus espaldas, que alcanza los 6.500 metros cuadrados, en donde se estudiarán fórmulas para acentuar la «interacción puerto-ciudad» que, hablando en plata, significa que el ayuntamiento tenga más competencias para aprovechar esas singulares naves de techo semicircular y la plaza.
La negociación se remonta a años, porque el Ayuntamiento de Gandia, desde que consiguió ser subsede de la Copa del América de 2007, lanzó una auténtica ofensiva para acabar con la imagen de degradación que tenían espacios situados junto al puerto y, en la medida de lo posible, compartir la gestión de los mismos. Eso se logró con el Plan de Usos del Puerto, que fijaba la zona norte, donde está el Moll dels Borja, para uso cívico y turístico. La construcción del paseo, remodelación del antiguo Varadero y otras obras, en las que se ha invertido mucho dinero, llevaron a la APV a reconocer un cierto derecho del ayuntamiento sobre esos espacios. Este acuerdo supone el último paso, que ha sido posible gracias a la participación de la alcaldesa como miembro del Consejo de Administración de la APV.
Según explican técnicos municipales, en el caso del Moll dels Borja, que no incluye el párking, en realidad el ayuntamiento pasa a ser dueño y señor de toda esa explanada, cuyos usos, lógicamente, quedan siempre condicionados al estar en zona de afección de la dársena portuaria y de sus usos. Desde el punto de vista administrativo, cuando finalice este proceso el ayuntamiento ya no tendrá que pedir autorización a la APV para poder realizar actividades y, además, desde el punto de vista fiscal, las tasas que ahora se abonan a la APV, incluidas las del retén de la Policía Local o las terrazas de locales de hostelería, se quedan para las arcas municipales.
El segundo gran aspecto de esta decisión es que el ayuntamiento gana presencia a la hora de decidir sobre el uso de once tinglados, del 5 al 15, más la explanada, de 6.500 metros cuadrados, situada entre esos almacenes y el casco urbano del Grau. Precisamente el pasado verano Aurelio Martínez y Diana Morant, junto al conseller de Política Territorial, Arcadi España, anunciaron un concurso de ideas destinado a diseñar proyectos que permitan potenciar el uso público de ese espacio.
Y tampoco es un aspecto menor que, en el mismo acuerdo de hoy, se incluya la cesión a Costas de la playa de Venècia, con una superficie de 11.400 metros cuadrados. Aquí el resultado es que la APV renuncia definitivamente a ampliar instalaciones sobre ese lugar, de manera que seguirá siendo playa pública. El puerto, por lo tanto, queda circunscrito a su actual estructura, incluyendo la ampliación del dique sur, que permitirá ganar 58.000 metros cuadrados de uso comercial y muelles.
