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El juez de Púnica cierra la pieza de Gandia y archiva la causa de Víctor Soler, Torró y Ollero

La presunta trama corrupta liderada por De Pedro decae para los tres dirigentes del PP al no haberse podido probar ninguno de los delitos

Dionisio Ollero, Víctor Soler y Arturo Torró, en el último congreso local del PP, de 2013. | NATXO FRANCÉS

Dionisio Ollero, Víctor Soler y Arturo Torró, en el último congreso local del PP, de 2013. | NATXO FRANCÉS

Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, acordó ayer archivar la investigación que implicaba al presidente del PP de Gandia y portavoz del grupo municipal, Víctor Soler, así como al exalcalde de la ciudad, Arturo Torró, y al vicesecretario de Organización del PP local, Dionisio Ollero. El mismo archivo afecta a un empresario de la ciudad al que se le relacionó con esta presunta trama de corrupción política. Con esta decisión, la llamada «pieza de Gandia» del caso Púnica decae sin que se haya podido demostrar la comisión de ningún delito.

Fuentes jurídicas han señalado que el juez adopta esta decisión al entender que con las pesquisas realizadas hasta la fecha «no se ha justificado de forma consistente la perpetración de los delitos que se les imputaban». Sobre los tres políticos pesaban las acusaciones de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos mercantiles y cohecho.

Seis años han durado las pesquisas judiciales iniciadas a partir de un informe policial que determinaba la presunta participación de varios altos cargos de distintos ayuntamientos gobernados por el PP que, en el caso de Gandia, habrían concertado el pago de facturas por trabajos de reputación a través de empresas contratistas del ayuntamiento o contrataron con firmas relacionadas con el «conseguidor» de Púnica, Alejandro de Pedro, que sigue imputado por diversos delitos.

La Guardia Civil explicó en un informe de 2016 que de las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro se confirmó la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandia con el empresario, que comenzó a trabajar con el PP de la localidad en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.

Debido a que era un año electoral los investigadores sospecharon que los servicios contratados eran destinados a la «promoción» de la formación política y que, una vez que Torró consiguió la alcaldía, los trabajos de reputación online pasaron a facturarse al consistorio municipal en un caso de financiación ilegal.

Irrupción de la Guardia Civil

En distintas tandas, los tres destacados dirigentes del PP gandiense declararon ante el juez que, finalmente, no ha visto probada la comisión de ningún delito. La última de esas comparecencias, apenas el pasado febrero, fue la de Víctor Soler, quien, como hicieron los anteriores implicados, negaron tener conocimiento de los presuntos amaños de Alejandro de Pedro y los otros grandes implicados en Púnica.

Esta investigación generó, poco antes de las elecciones de mayo de 2015, la irrupción de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Gandia, donde permaneció durante cinco horas para recabar documentación.

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