Si una Administración moderna y eficaz es aquella que se adapta a los tiempos para prestar servicios de la mayor calidad y con el menor coste posible, la Mancomunitat de la Safor acaba de situarse en esa vía.
El pleno de la institución comarcal aprobó la noche del pasado martes el inicio del trámite para una modificación de sus estatutos que, con el tiempo, permitiría alcanzar la categoría de «mancomunidad territorial» y, de acuerdo con la nueva ley aprobada por la Generalitat, asumir más competencias que vendrían a beneficiar especialmente a los municipios más pequeños.
La aprobación de los nuevos estatutos, además, se produjo por unanimidad, de manera que, hasta el momento, la Mancomunitat mantiene un consenso político que va dirigido no solo a perpetuar la presencia de esa institución en la Safor, sino a dar pasos para asumir un papel administrativo e institucional más relevante.
La Mancomunitat de la Safor, que el año que viene cumplirá los 40 años de su constitución, ha podido dar este paso gracias al cumplimiento de las condiciones que marca la Generalitat. En primer lugar, que vuelve a estar integrada por los 31 municipios de la Safor-Valldigna y que todos ellos expresan la voluntad de trabajar unidos. De hecho, en estos estatutos figura que el presidente y los vicepresidentes deberán ser de diferentes municipios y de distinto color político. Hasta ese punto llega el grado de consenso con el que casi siempre se ha trabajado en la institución comarca.
El paso siguiente será que cada uno de esos 31 ayuntamientos ratifique los nuevos estatutos y, desde ese momento, ya se podrá solicitar a la Generalitat que la Mancomunitat de la Safor sea considerada «de primera división», el mismo camino que también están recorriendo las de la Ribera Alta y la Canal de Navarrés.
Según figura en la nueva Ley de Mancomunidades, cuando este proceso acabe la institución de la Safor podrá asumir competencias que ahora tiene atribuidas la Generalitat y la diputación. Entre ellas, la gestión de residuos y el ciclo del agua, seguridad, policía local, guardería rural y emergencias. También algunos aspectos de sanidad y bienestar social, fomento económico, urbanismo, vivienda y, de forma limitada, ordenación del territorio.
Según indicó ayer la Mancomunitat, la finalidad de este nuevo e histórico paso hacia la nueva Administración y la asunción de competencias es «la de prestar servicios de más calidad y eficiencia para la ciudadanía» y que estos tengan «el menor coste para los ayuntamientos».
A modo de ejemplo, y como acaban de hacer los ayuntamientos de Benifairó y Simat de la Valldigna, se podrían coordinar, en el seno de la comarca, distintas policías locales y vigilancia rural, o se podría formalizar un concurso único para la recogida de residuos urbanos.
El presidente de la Mancomunitat, Voro Femenía, señaló ayer a este periódico que en todo este proceso «queremos y buscaremos el máximo consenso», declaración que era formulada en presencia de los dos vicepresidentes de la institución, Assumpta Domínguez y José Espinosa. Cada uno de ellos es alcalde de un municipio y pertenecen a partidos distintos. De manera que, al menos en este arranque del proceso, la Mancomunitat mantiene el espíritu de unidad que está en el origen de su creación, hace 40 años.
