El impacto que generará el proyecto promovido por la Generalitat Valenciana para prolongar la autovía CV-60 (Gandia-l’Olleria) desde la rotonda de Potries-Beniflà hasta Gandia, enlazando así con la AP-7 y la N-332, ya se ha encontrado con el primer detractor.

El Ayuntamiento de Potries presentará alegaciones no para introducir modificaciones en la obra, sino para solicitar su retirada y que se estudien otras alternativas a la construcción de una carretera de cuatro carriles con enormes rotondas y enlaces a otras vías. Para explicar sus razones, el consistorio ha convocado una reunión vecinal el próximo sábado.

Assumpta Domínguez, alcaldesa de Potries, de Compromís, adelantó ayer, en declaraciones a este periódico, parte de esos argumentos que le han llevado a celebrar la reunión, en cuya convocatoria ya se advierte de que la ampliación de la CV-60 supondría «el destrozo de la huerta histórica de la Safor».

Domínguez señala que, aun siendo consciente de que la CV-60 requiere conexiones a partir del punto en que se pretende prolongar, la solución apuntada, una doble vía de cuatro carriles, «es una solución del siglo pasado», y añade que en estos momentos «caminamos hacia un nuevo modelo» que tendría que evitar la «enorme destrucción de la huerta».

«La Safor es una conurbación, casi un área metropolitana», indica la alcaldesa de Potries, que no ve necesario que esta prolongación se diseñe «para circular a 120 kilómetros por hora» en un tramo de unos pocos kilómetros. «El tiempo ganado es mínimo y el daño sobre el medio brutal», concluye Domínguez, quien no obstante matiza que, de una u otra manera, asume que se tendrán que realizar enlaces desde la CV-60 a la AP-7 y la N-332, pero con planes que reduzcan el impacto previsto en este proyecto.

También Gandia se pronunció hace unas semanas a través de un escrito a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que se incluyó al expediente del informe de paisaje. El Gobierno local, que defiende la necesidad de la obra anunciada, advierte de sus impactos y pidió no solo que se tengan en cuenta aspectos como el drenaje de aguas pluviales y se dispongan pasos para facilitar el tránsito de fauna silvestre, sino también apuntaba a la disposición de barreras vegetales, preferentemente con largas arboledas, para «ocultar» la franja de terreno que quedará asfaltada.

Formalmente, ningún otro ayuntamiento se ha definido, pero este periódico pudo hablar ayer con todos los alcaldes afectados y, con matices, coinciden en su análisis. Todos ellos reconocen su preocupación ante una obra de enorme envergadura, pero también optan por la prudencia y esperarán a conocer los planos y los detalles para definir si la aceptan, si piden cambios o si, como ocurre en Potries, directamente la rechazan.

Borja Gironés, alcalde del PP de Beniflà, explicó que ya advirtió del gran talud de tierra que se había proyectado entre su municipio y Potries, ocultando la vista hacia poniente, y por eso solicitará que se modifique.

La socialista Eva Llinares, de Beniarjó, el independiente Joan Cardona, de Almoines, y el nacionalista Josep Monserrat, de Rafelcofer, coinciden al explicar que se trata de una obra que deberán mirar con lupa cuando dispongan de los documentos y que cuando eso ocurra trasladarán sus sensaciones y las del conjunto de los ayuntamientos que presiden.

En medio del debate

Sobre esta cuestión, hace dos semanas, aprovechando una reunión celebrada en Gandia para abordar el proyecto de la vía verde del Serpis, varios alcaldes ya se dirigieron a los responsables de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para expresar su preocupación por el impacto de la prolongación de la CV-60. Allí la Generalitat respondió que inmediatamente se cuente con los documentos serán remitidos a los ayuntamientos, pero ayer mismo fuentes del departamento que dirige el conseller Arcadi España indicaron que no habrá ningún problema en convocar una reunión con los representantes de los municipios afectados para explicar el proyecto, aclarar cuantos detalles se requieran y, obviamente, atender a las sugerencias que puedan plantearse, tanto para mejorarlo como para evitar, en la medida de lo posible, los impactos que generará.