Q ue un ciudadano anónimo cuente una mentira para proteger ciertos aspectos de su privacidad debería verse como una anécdota sin importancia. Después de todo, esa mentira es un acto pueril comparada con el decorado informativo que cada día levantan los medios de comunicación y la clase política española, que oscila entre el tacticismo verbal y la producción de embustes a granel. El principal partido de la oposición, por ejemplo, sostiene sin que le tiemble el pulso que fueron unos delincuentes los que le grabaron en el culo a punta de navaja la palabra «corrupción». Vox pretende hacerse pasar por una formación política cuyas relaciones verbales con la violencia se inspiran poco menos que en Gandhi, y por amor a la verdad y a la concordia universal amenazan con denunciar a quienes sostengan lo contrario. Cs venía a regenerar la política española, pero Albert Rivera solo regeneró su estatus personal antes de abandonar el barco «en el que vamos todos», y las relaciones con la verdad de la Corona, de cientos de exaltos mandos del Ejército, de la Iglesia española y de la cúpula judicial son ampliamente conocidas.
Pero ahora resulta que lo grave, lo escandaloso, lo que no puede consentirse es que un particular haya largado una historia fantástica en un país que, como se ve, cultiva valores insobornables sobre la verdad, la dignidad, la nobleza de espíritu, el juego limpio, la tolerancia y la cultura democrática. Todos los fantoches que ahora piden la dimisión del ministro Marlaska como si fuese el autor del embuste y se rasgan las vestiduras ante un caso que debería provocar hilaridad, o piedad, o una instintiva afinidad de especie (pues la vida es incierta y nadie puede asegurar el destino de su trasero o que un día su cuello sepa lo que pesa su culo, como dijo Villon) recuerdan a aquella cortesana que visitaba con Baudelaire el museo del Louvre y, ante los desnudos de ciertos cuadros, le dijo al poeta que aquello le parecía una indecencia.
No es extraño que quienes no dirían una verdad ni hartos de vino se valgan ahora de una mentira ajena para justificar las que nos endosan mañana tarde y noche como si el descubrimiento de una denuncia falsa transformase sus patrañas en máximas morales y su arribismo en un ejemplo de grandeza democrática.
Al gran Vázquez Montalbán le preocupaba hace cincuenta años la situación de las evidencias en un país aún sumido en el franquismo, y solía repetir, decía, una frase del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt que había pegado en un papel a la pared de su cuarto: «¡Qué tiempos éstos, en los que hemos de luchar por lo evidente!».
Si la fragilidad de las evidencias era entonces, más allá de nuestras fronteras, motivo de preocupación intelectual, en el franquismo crepuscular su eliminación política aparecía aterradoramente como parte de la normalidad, de las grandes expectativas democráticas. Solo los más lúcidos supieron ver que por mucha apertura que se le echara, aquello iba a tener que pagarse. Todavía seguimos, medio siglo después, hurgando en esas montañas de ruina heredadas para rescatar jirones, restos de evidencias escamoteadas, porque no fueron pocos los que creyeron que el franquismo desaparecía con Franco y había que hacer borrón y cuenta nueva.
Hoy el uso del fake como arma política incendiaria parece una consecuencia cultural ya detectada hace 50 años hasta por los escritores suizos, pero si en España la destrucción de las evidencias alcanza grados de auténtica saña política y mediática desconocidos entonces y ahora en los sistemas democráticos, si la montaña sigue creciendo con total impunidad, ¿cuál es la razón? Lo sabe cualquiera que no confunda el culo con las témporas.
