El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna tendrá que pagar menos de 7.000 euros por la ocupación de los terrenos en los que construyó el vial perimetral de la playa y el colector de aguas pluviales, inaugurado en julio del 2020. Así lo ha dictaminado el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de València. El asunto viene de un largo proceso judicial iniciado por los propietarios de dos parcelas. La justicia ha dado la razón en casi todo a estos particulares. De hecho, en una de las sentencias anulaba la ocupación y obligaba a la administración local a «devolver» los terrenos. Pero ese trámite resultaba imposible, ya que las obras estaban en marcha.
Lo único que les quedaba a los propietarios era lograr una indemnización y ahora ya saben que no es, ni de lejos, la que esperaban. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estipula que al tratarse de terrenos rústicos se tienen que valorar como tal. Esa decisión tumba por completo las pretensiones de los titulares de las parcelas, que pretendían recibir una indemnización mucho más alta.
Según el cálculo que realiza el propio tribunal, la parcela más grande, de 634 metros cuadrados, recibirá de parte del ayuntamiento 3.358 euros, mientras que la otra, de 615 metros cuadrados, cobrará 3.358. En total la ocupación directa de los terrenos saldrá por 6.818 euros.
Esta resolución supone un jarro de agua fría para los dueños de los terrenos, puesto que, al formular la denuncia, estos pretendían alcanzar cifras mucho más elevadas de indemnización. En concreto, según se lee en el escrito, solicitaban que se fijara un precio de hasta 105 euros por metro cuadrado, que era, según indicaban, el valor catastral que tenía en 2015. Esa situación les hubiera reportado más de 60.000 euros a cada uno de ellos. Sin embargo, el tribunal indica que se debe tener en cuenta el valor catastral de los terrenos en su situación actual. Así, fija una indemnización de 5,4 euros el metro cuadrado, teniendo en cuenta que se trata de terrenos calificados como rústicos, donde, además, no se ha desarrollado ningún programa de actuación urbanística.
El asunto se remonta al 2018. Ese año, el ayuntamiento firmó la ocupación directa de los terrenos y ofreció a los propietarios un aprovechamiento urbanístico en otras zonas de la playa. El consistorio se basó en una modificación de la legislación urbanística autonómica que incorporaba la figura de ocupación directa para llevar a cabo proyectos de interés público, como era el caso.
