Hace más de cien años la construcción de fábricas y minicentrales hidroeléctricas en el cauce del río Serpis, especialmente entre Villalonga y l’Orxa, llevó a la captación de agua del cauce, mediante la disposición de azudes, con el fin de aprovecharla como elemento motor. Con el paso del tiempo, muchas de las fábricas o minicentrales quedaron en desuso, abandonadas y en estado de ruina. Lo que pocos sabían es que, entre las condiciones que llevaron a autorizar la captación del agua figuraba una cláusula que obligaba nada menos que a desmontar los azudes cuando esa concesión caducara.
En ese contexto se inscribe lo que bien podría denominarse como una «guerra» administrativa surgida por la orden de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de retirar al menos tres azudes del Serpis. Uno en el término de l’Orxa, que alimentó la central hidroeléctrica de l’Infern, y otros dos en Villalonga, el de Morú, que también dirigía el agua a una de esas «fàbriques de llum» y el del Pas de la Guàrdia, que permitió el funcionamiento de la papelera de la partida del Raconc, ahora situada entre los dos puentes que salvan el Serpis para acceder a Villalonga.
La CHJ se ha dirigido a la empresa Barbo Energías, que heredó la concesión de Iberdrola para la producción de electricidad en esas minicentrales, hoy desmanteladas, para que retire los azudes de l’Orxa y de Morú, pero la mercantil, que se encontró con esa «sorpresa» en las condiciones de explotación firmadas hace más de un siglo, ha presentado alegaciones para no tener que invertir miles de euros en unas obras sin duda costosísimas y que deberían seguir criterios ambientales muy exigentes.
El otro frente de la guerra administrativa se sitúa en el mismísimo Ayuntamiento de Villalonga, que también ha recibido de la CHJ la orden de demolición del azud del Pas de la Guàrdia, el que alimentaba a la papelera del Raconc. El consistorio ya ha trasladado al organismo de cuenca que le parece una barbaridad tener que desmontar lo que, además de un azud centenario, se convirtió hace décadas en un camino que permite el acceso a amplias zonas rurales y a viviendas diseminadas del Tarrasó y otras partidas. Además, en este caso el azud sí dispone de un paso inferior que permite el curso del agua, pero la CHJ, para más sorpresa de los responsables municipales, alega que esa corriente es «lateral» y que lo que quiere es que el agua discurra por el centro de la rambla.
La idea de retirar los azudes, que no es exclusiva del Serpis sino que responde a un plan de «renaturalización» de ríos que el Ministerio de Transición Ecológica tiene en toda España, surgió en el año 2008. Fue entonces cuando la CHJ redactó y sacó a información pública el proyecto de restauración del Serpis en un tramo de 16 kilómetros comprendido entre l’Orxa y Villalonga. Los técnicos consideraron entonces que, para facilitar la biodiversidad y devolver al río la imagen que tenía a finales del siglo XIX, era necesario quitar los azudes construidos en su cauce.
El enfrentamiento es tan antiguo que en 2009 el Ayuntamiento de Villalonga presentó una alegación en contra de quitar los azudes, pero la respuesta de los técnicos fue de rechazo total porque consideraban que esas barreras de piedra u hormigón, además de no tener ninguna utilidad, menoscababan los valores ambientales del cauce fluvial.
En lo de retirar los azudes, tanto en el Serpis como en otros ríos españoles, se contraponen diferentes opiniones, tanto entre técnicos como entre entidades ecologistas. Los hay quienes defienden plenamente esa medida y la justifican en que los ríos deben discurrir libremente sin ninguna traba. Y los hay quienes consideran que, al formar balsas de agua, los azudes son puntos de biodiversidad y que es suficiente construir elementos que permitan el tránsito de la fauna fluvial a través de los muros que interrumpen el cauce.
