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¡adiós, rodríguez!

Vamos a más. El viernes se confirmaba la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, según la sentencia dictada por Tribunal Supremo, cuyo estricto cumplimiento reclamaban con ardor Cs, PP y Vox. Rodríguez no ha robado a la Hacienda pública, ni ha plagiado tesis, ni ha mentido ominosamente en sede judicial, pero hace años tuvo la alocada idea de sumarse a una manifestación contra el ministro Wert para protestar por la LOMCE, a consecuencia de la cual se produjeron altercados con la policía. Uno de los policías destacados en ese operativo denunció a Rodríguez por haberle propinado una patada en la rodilla. Sobre ese suceso, que recuerda las tesis de «El Fary» sobre «el hombre blandengue», no existen más pruebas que la versión del denunciante, aunque Rodríguez niega los hechos. Con tan aplastantes argumentos jurídicos ahora la patada –la legal, la única probada- se la han dado a Rodríguez, para satisfacción de Cs, PP y Vox, partidos que mantienen con la verdad y los hechos la misma relación que Oliver Hardy con el veganismo.

Según las encuestas oficiales, la mitad de los españoles desconfía de la justicia y, a juzgar por la sentencia contra Rodríguez, tienen sobrados motivos no solo para no fiarse de ella sino para empezar a creer que existe otra realidad superpuesta a la democracia formal cuyos códigos, estructuras y alcance no son capaces de desentrañar, pero que son los que funcionan. Hace ya mucho que el derecho a manifestarse en la calle se ha convertido en un riesgo real, como se pretendía. Y para demostrarlo ni siquiera hace falta salir del ámbito de la comarca. Ahí están los casos de Joan Cogollos, maestro jubilado y activista de la PAH, a quien ni sus setenta y cinco años ni la falta de pruebas le impidieron ser acusado de «atentar contra la autoridad», un agente municipal de Oliva, cuando protestaba contra un desahucio, o el de quienes se congregaban hace tres años contra la guerra de Siria a las puertas del Ayuntamiento de Gandia para leer poemas y fueron multados porque les faltaba un papel, en aplicación de la Ley Mordaza. En el resto del país se ha dado un número inquietante de casos parecidos. Si todo esto suena a Kafka es porque el mundo de Kafka empieza a formar parte de nuestras costumbres sin que pase absolutamente nada.

Nadie se va a manifestar públicamente a favor no de Rodríguez sino por un país en el que los ciudadanos estén libres de sospecha, en el que las acusaciones deban ser probadas y en el que la fraseología legal no suplante a la lógica más elemental, empezando por la que debe alentar el derecho y por la que están obligados a velar los representantes de «la autoridad». Por un país normal cuyas eternas facciones ultramontanas –políticas, mediáticas, económicas, judiciales- no parezcan extrañamente coordinadas, en el que el pensamiento y las ideas no estén bajo sospecha permanente y en el que el decir y hasta el cantar no puedan ser la antesala de la cárcel, el exilio o de juicios ridículos. Por un país cuyos más altos tribunales no hagan pensar en los consejos de Franco sobre la inconveniencia de meterse en política ni cuyas sentencias recuerden en Europa a la España de charanga y pandereta. Por un país, en fin, en el que el que todo lo que debería avergonzarnos y no sucede en las democracias solventes no sea celebrado como un éxito nacional. Pero, como dice Paul Preston, nuestra historia en los últimos dos siglos ha sido la de un pueblo permanentemente defraudado por un Estado débil, caracterizado por su capacidad coercitiva. El mismo tribunal dispuesto a archivar las investigaciones abiertas contra Juan Carlos de Borbón por sus probados delitos fiscales se ha cargado a un diputado elegido democráticamente sin más pruebas que la declaración de un policía devenido en «la autoridad».

«Me gustas democracia porque estás como ausente», cantaba Javier Krahe hace diez años, dos antes de ser juzgado por blasfemia. Parece que fue ayer.

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