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La nueva ley del Monestir dará peso en la gestión a los 4 pueblos de la Valldigna

Compromís incluirá la creación de un órgano exclusivo para dirigir el día a día del histórico cenobio

Una visitante observa el claustro del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, en Simat, tras su reciente reapertura. | PERALES IBORRA

El presidente de la Mancomunitat de la Valldigna y alcalde de Simat, Víctor Mansanet, cree que es «importantísimo» que el Monestir de Santa Maria de la Valldigna cuente con una ley «porque le da prestigio, categoría y cobertura legal». El munícipe, de Unides Podem, considera que la normativa «cumple las expectativas mínimas» de los municipios, aunque «se puede aportar algún aspecto más», que canalizará a través del grupo de Podem en las Corts.

Mansanet recuerda que la ley es «obligatoria» porque «lo estipula el Estatut d’Autonomia» y aclara que, a su entender, «el único órgano que representara a la Valldigna debería ser la Mancomunitat, ya que es la entidad la que actualmente gestiona la programación cultural del cenobio gracias a una subvención que recibe de la Conselleria de Cultura, que este año ha sido de 120.000 euros.

Esta semana las Corts aprobaban la toma de consideración de la propuesta de ley. Salió adelante con los votos a favor de Compromís, que presentaba la iniciativa, PSPV, Unides Podem y Ciudadanos, mientras que el PP y Vox votaron en contra.

A partir de este momento empieza un largo proceso parlamentario que debe derivar en su aprobación. Este periodo incluye la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios para sugerir posibles modificaciones, e incluso la participación ciudadana, donde se espera que acudan a defender el proyecto los alcaldes de los cuatro municipios, algo que deben solicitar también las formaciones que tienen representación en las Corts.

Nathalie Torres es la diputada que ha llevado la redacción de esta ley y, en conversación con este periódico, recordaba ayer que la antigua estaba datada de 2008 y que no tenía sentido en tanto que el principal órgano de gestión, la Fundación Jaume II el Just fue liquidado en la pasada legislatura.

Torres explicó que lleva tiempo trabajando en esta ley, como se había comprometido con los ayuntamientos, y espera que pueda estar aprobado en el año 2022 tras superar el proceso de tramitación.

Los cuatro municipios que forman la Valldigna tendrán mucho que decir en el futuro del Monestir de Santa Maria, ubicado en el término municipal de Simat y que es propiedad de la Generalitat. Así lo estipula el borrador de la propuesta de ley que regulará el cenobio en el futuro y que esta semana iniciaba su andadura parlamentaria con la aprobación por parte de las Corts de la toma en consideración del texto.

La normativa prevé la creación de un Consejo Rector que se encargará de tomar todas las decisiones importantes entorno a esta joya patrimonial y también de «velar por la conservación, restauración y mejora del recinto», según se puede leer en la propuesta de ley a la que ha tenido acceso Levante-EMV. En este órgano estarán representados, a través de sus alcaldías, los cuatro municipios de la Valldigna, Benifairó, Barx y Simat, además de Tavernes, localidad que en estos momentos no forma parte de la Mancomunitat de la Valldigna. El representante de cada localidad actuará como vocal dentro del órgano gestor. A parte, la propia «manco» también estará representada con un miembro que tendrá el mismo rango. Por lo que los pueblos tendrán mucha voz dentro del órgano.

«Los municipios ganan peso en la gestión del monasterio con esta nueva ley. Van a tener un papel fundamental en la gestión de las actividades del recinto», explicaba Nathalie Torres, diputada de Compromís en las Corts, que es natural de Xeraco y que ha trabajado, presentado y defendido la propuesta.

El consejo contará con una presidencia honorífica, que recaerá en el presidente o presidenta de la Generalitat, y otra ejecutiva, que, en este caso, corresponderá a la figura del conseller o consellera de Cultura. La secretaría recaerá en la dirección general en materia de Patrimonio.

Otros órganos representados serán el Consell Valencià de Cultura, el Institut Valencià de Cultura y las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Esta nueva ley viene a sustituir la anterior, que incluía la Fundació Jaume II el Just como órgano gestor y que, como es de sobra conocido, fue liquidada por el Gobierno del Botànic durante la pasada legislatura y está siendo investigada dentro del caso Taula.

Torres destaca que «una de las labores que tendrá que desarrollar el Consejo Rector es, además de elaborar la memoria y la programación de actividades, crear un reglamento de régimen interno que establezca las normas de uso del monasterio» y que, por ejemplo, evite que los ayuntamientos tengan que cumplimentar farragosos procesos burocráticos para utilizar el recinto.

Otra cuestión importante es la creación de una jefatura de servicio dentro de Cultura que se dedicará exclusivamente del funcionamiento administrativo del Monestir, como explicaba Torres. «Se creará expresamente para la gestión del cenobio», señalaba la diputada. Esta cuestión no está incluida directamente en el borrador, sino que se introducirá en una enmienda que presentará el propio grupo parlamentario de Compromís, ya que el dictamen del Consell previo a la presentación del borrador en las Corts «pidió que se clarificara y especificara mejor quién se haría cargo de la gestión», indicaba Torres.

La diputada explicó que los cuatro alcaldes de la Valldigna conocieron el contenido de la ley desde un primer momento y que incluso realizaron algunas aportaciones, como que se incluyera a la Mancomunitat de la Valldigna en el Consejo Rector.

Otra cuestión que pretende la nueva ley es «institucionalizar» el Día de la Valldigna y también la convocatoria de los premios Valldigna, que se celebra el 15 de marzo.

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