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Gandia acelera la política de vivienda para cuando acabe la moratoria de desahucios

Al anuncio de un edificio que se construirá en Santa Anna se sumó ayer la confirmación de 14 pisos en un edificio de la Sareb en la calle Ciscar

Edificios de viviendas en la gandiense plaza El·líptica. | DANI MONLLOR

El Ayuntamiento de Gandia, en estrecha colaboración con la Generalitat Valenciana, ha acelerado en los últimos meses sus políticas de vivienda en la línea de conseguir el mayor número de pisos o casas disponibles para personas que no pueden acceder al mercado libre por culpa de su elevado precio. Ejemplo de ello son dos hechos consumados prácticamente en el intervalo de una semana. El miércoles pasado la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática anunció la apertura de plicas para la redacción de un proyecto de edificio de 70 viviendas que se construirá en el ensanche del distrito de Santa Anna. Ayer el mismo departamento que dirige el vicepresidente Héctor Illueca aprobó una subvención de 1.129.356 euros para que el ayuntamiento proceda a adquirir las 14 viviendas propiedad de la Sareb situadas en un edificio de la calle Ciscar, en el Grau de Gandia. El coste medio de cada inmueble asciende a 80.668 euros. Además, Gandia es, junto a la Pobla de Vallbona, el primer municipio valenciano que accede a esta línea de ayudas incluida en el llamado Plan Adha y dirigido a ampliar las viviendas de propiedad municipal.

Como recientemente publicó este periódico, sumando a la Generalitat y al ayuntamiento el parque público de viviendas en Gandia ronda las cuatrocientas, un número que se prevé seguir incrementando en los próximos años.

Precisamente la semana pasada el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, aportaba uno de los argumentos que justifican el impulso de esa política. «Estas iniciativas», dijo Prieto, «nos permite anticiparnos al futuro y muy especialmente para cuando finalice la moratoria de los desahucios que prevalece en España».

Efectivamente en este momento sigue en vigor un decreto del Gobierno español que, en determinados casos, prohíbe la ejecución de desahucios. Esa acción está incluida en el llamado «escudo social» que se aprobó a raíz de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, pero no está previsto que su aplicación sea indefinida. En consecuencia, la Generalitat y ayuntamientos como el de Gandia quieren anticiparse y disponer de vivienda pública, tanto de las que se puedan alquilar a precios asequibles como aquellas que se cataloguen de carácter social, dirigidas a personas o familias en riesgo de exclusión.

Ese es uno de los motivos por los que la Conselleria de Vivienda ha registrado el mayor incremento en los presupuestos de la Generalitat para el año 2022, concretamente un 72,5%. Según el departamento de Héctor Illueca, la intención es «consolidar el derecho a la vivienda como un pilar básico del Estado del Bienestar y garantizar su acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas, con especial atención a los jóvenes». En los puestos de cabeza de ese objetivo está la ciudad de Gandia.

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