Casi parece una broma la denuncia del PP local sobre la «Festa Estellés», que considera un acto de partido que no debería financiarse con dinero público, aunque indica cuál es la relación de las derechas españolas con la cultura: ninguna. El PP no puede ejercer de contrapeso cultural y quizás por eso quienes durante casi cuarenta años han tomado a su cargo la administración de «la cultura» por incomparecencia de la derecha dan muestras hoy de un cacao mental impresionante.
Todavía este verano el portavoz socialista Vicent Mascarell, el Atila de las hamburgueserías, seguía defendiendo el proyecto de hotel para la Colonia Ducal como una oportunidad perdida, y hace bien poco que el actual alcalde se ha sacado de la manga la teoría de que las instituciones tienen el deber de financiar, sin contrapartidas, bienes propiedad de la Iglesia (la Colegiata y el campanario) en razón de su interés patrimonial. Sobre esas supercherías se sostienen los sermones más chuscos en nombre del interés general y «la cultura»: si Torró se declaraba públicamente católico, apostólico y romano, José Manuel Prieto lanza hoy discursos edificantes sobre la importancia del Año Jubilar, firma junto al altar mayor de la Colegiata donaciones de 60.000 euros a fondo perdido a la Iglesia camufladas de «convenios» y proclama con orgullo que el erario público (la Generalitat, la Diputación, y el Ayuntamiento) destinará un millón de euros a reparar el campanario y el templo gandiense.
En las relaciones institucionales con la Iglesia la desfachatez de la derecha siempre da paso a esa versatilidad «de izquierdas» que tantas veces ha demostrado su portentosa capacidad para estar repicando y en misa. Presentar la sumisión del poder civil a los intereses de la Iglesia como un logro político destinado a satisfacer nuestras necesidades «culturales» es de una frescura que en la vida real no se permitiría ni el más inepto comercial, forzado a conocer el valor del dinero y a mantener la tensión en cualquier negociación. Tan penosas obligaciones el alcalde de Gandia las sortea evitando negociar y tirando de chequera pública con el cuento de la responsabilidad cultural, patrimonial, existencial, soltando después unos espectaculares discursitos que sin duda firmaría el Arzobispo Cañizares como ejemplos de «bienes morales».
Había que ver qué estupendo séquito cultural formaban la semana pasada el Presidente de la Diputación, el sostenible Mascarell y el meditabundo alcalde pastoreados por el Abad mientras procedían a contemplar reflexivamente el campanario y a informarnos después de que, en efecto, necesitaba una intervención urgente, como si su estado fuese una novedad. Como si la responsabilidad institucional de repararlo fuese un dogma de fe, y la de quienes han permitido su deterioro y detentan su propiedad se limitase únicamente a pasar el cepillo por las arcas públicas y a comprobar de un vistazo, con una mirada templada durante siglos en el recuento de moneda fraccionaria, que no falta un céntimo. La Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento gandiense no nadan precisamente en la abundancia y, como organización, la Iglesia acumula un patrimonio inmenso, no paga IBI y es tan transparente como una bocamina, pero quienes se han arrogado la ardua tarea de concienciarnos sobre la importancia de «la cultura» no ven en ello contradicción, ni motivo de reflexión o de crítica.
En tales cuestiones de evidente interés público sobre las que el gobierno local ha hecho voto de silencio, podría haber terciado la oposición para defender el derecho de los ciudadanos a no ser tratados como niños, como podría haber preguntado por qué, si tanto les preocupa la cultura a los partidos del ejecutivo local, dejaron la gestión del museo de Santa Clara en manos de la Iglesia sin importarles que se hubiera invertido en él otro millón de dinero público (¿será por millones?), y qué va a ocurrir cuando finalice un acuerdo (¿será por acuerdos?) que le cuesta al consistorio otros 25.000 euros anuales. Mirando hacia otras capillas y feligresías, la oposición podría haber preguntado, además, por los premios literarios locales, sobre todo por el Joanot Martorell, dotado con 20.000 euros y obtenido este año por el director del Alfons el Magnànim, galardón que empieza a ser tan creíble como Pablo Casado reivindicando a los trabajadores del metal y que quizás debería destinarse a partir de ahora a premiar solo a altos cargos culturales sin obra narrativa conocida, pero con inquietudes literarias.
El PP podría haber preguntado sobre todo lo anterior y después haber hecho una sencilla suma para saber en qué demonios consiste y qué nos va a costar el dichoso discurso cultural. Pero el PP sigue sin comparecer. Es lamentable que en la ciudad no exista un auténtico partido liberal.
