Precisamente ayer martes la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Comunitat Valenciana se movilizó para exigir al Gobierno que las viviendas de la Sareb se pongan a disposición de las familias que las necesiten. «Si la deuda de la Sareb es del Estado, entonces sus casas también», fue la proclama que lanzaron las asociaciones por el derecho a la vivienda, que se concentraron ante a Delegación del Gobierno para exigir al Ejecutivo un uso público y social de las viviendas del «banco malo», en lugar de especular con ellas.
En ese aspecto, las entidades sociales, que en la Safor han impedido o alertado de muchos desahucios, se sitúan del lado de la petición del vicepresidente Illueca para que sea la Administración quien gestione esos inmuebles.