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Un banco indemniza a un gandiense a quien suplantaron la identidad

El tribunal asegura que la oficina cometió «negligencia» por suscribir un contrato sin su presencia

José Publio Mesías, ayer, en Gandia con la sentencia. | T. Á. C.

José Publio Mesías Bravo, un ciudadano ecuatoriano afincado en Gandia desde hace décadas, vive hoy un poco más tranquilo. La sección octava de la Audiencia Provincial de València le acaba de dar la razón en el litigio que mantenía desde hacía diez años con una entidad bancaria por un caso de suplantación de identidad, con el que un hombre, que ya fue condenado en su día, abrió una cuenta bancaria en una oficina de esta caja y, posteriormente, contrató ocho líneas de teléfono a su nombre, con las que contrajo una deuda con las compañías de casi 2.000 euros. Todo ello, sin que Mesías se enterara hasta que empezaron a llegarle cartas de embargo.

Así lo narró a este periódico en el año 2012, cuando empezaba un litigio que nunca imaginaba que duraría ni más ni menos que una década entera.

Todo ocurrió a finales del 2011. Se encontraba en un bar al que solía ir habitualmente cuando, en una conversación con otras personas, comentó que buscaba trabajo. Entonces se le acercó otro cliente que le dijo que le podía encontrar un empleo como transportista. Para ello le pidió que le entregara una fotocopia del DNI. Del trabajo nunca supo nada. En cambio, se vio envuelto en una situación que le provocó trastorno del sueño por ansiedad, que aún hoy sigue tratando con medicación, dificultad de encontrar empleo por el tiempo que tenía que dedicar a intentar solucionar el caso o nerviosismo, entre otros problemas de salud.

José Publio denunció tanto a la persona que le estafó como a la entidad bancaria, reclamando 12.500 euros por los daños ocasionados. El juzgado de primera instancia de Gandia condenó al primero a dos años de prisión por un delito de estafa continuada y a una indemnización de 2.500 euros por los daños causados al afectado. Sin embargo, exoneró por completo a la entidad bancaria, llegando incluso a apuntar que la cantidad que reclamaba el denunciante era «desorbitada».

El afectado recurrió aquella decisión y ahora la Audiencia Provincial no solo le da la razón y obliga a la entidad a pagarle 10.000 euros, sino que, además, la sentencia supone un severo correctivo al comportamiento del banco y también a la decisión del juzgado de Gandia.

Así, el tribunal habla de «negligencia» por parte de la entidad, a la que, dice, «se le presume rigor en su quehacer» en tanto que es «atendida por personal cualificado y que no puede desconocer la gravedad de las posibles consecuencias de abrir una cuenta corriente a nombre de quien no es el solicitante».

El redactor de la sentencia no entiende cómo la caja abrió una cuenta corriente a nombre de una persona utilizando solo una fotocopia de su DNI y sin que esta se personara en la oficina para realizar el trámite y también afea al juez de primera instancia que obviara un informe del Banco de España que, de forma clara, acusaba a la caja de mala práctica.

Es cierto, según se desprende del seguimiento del proceso, que la entidad cerró la cuenta nueve días después de que el otro condenado la contratara, debido a que la persona titular, en este caso José Publio, no acudió a firmar. Ese argumento, que le valió a la empresa para salir indemne del proceso en primera instancia, no le ha servido al tribunal en este caso, en tanto que «la contratación de los móviles y el gasto generado por los mismos solo fue posible porque el codemandado facilitó un número de cuenta bancaria», en este caso la que abrió la caja denunciada.

El tribunal que ha revisado el recurso presentado por Mesías Bravo también afea a la oficina el «tiempo que dedicado a deshacer el desaguisado» por parte de Mesías, el cual, señala, «le privó de un tiempo que podía dedicar a encontrar empleo, viajar a su país u otros menesteres», en una situación en la que se encuentra sin empleo.

La Audiencia Provincial, con todo, considera «acreditada» la «falta de rigor profesional» de la caja y ve igualmente «indubitados» los «perjuicios padecidos por el demandante». El texto judicial acaba con un recado para el juez que dictó la primera sentencia, al asegurar que «no existe motivo para entender que el nexo causal entre el trastorno de la ansiedad del señor Mesías Bravo solo se da respecto de la conducta del condenado penalmente (la persona que suplantó su identidad) y no de quien con su imprudencia hizo posible la comisión de tales delitos».

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