En el casi siempre dramático escenario de un desahucio a veces se producen situaciones que rozan lo kafkiano. Ocurrió ayer en Gandia cuando el ayuntamiento ejecutó el lanzamiento de un hombre, Francisco, que había ocupado ilegalmente un piso en un edificio conflictivo de la calle Perú. Y, al mismo tiempo, le ha proporcionado un techo, inicialmente una pensión, hasta que encuentre otra vivienda o habitación en la que pueda residir.
Pero es que, para cerrar el círculo de lo que cuesta entender, el afectado no acudió a varias citas que le trasladó el departamento municipal de Servicios Sociales para solucionar el problema antes de que se tuviera que ejecutar el acto de ayer, en el que una veintena de personas de la Plataforma d’Afectatas per la Hipoteca de la Safor (PAH) expresó su rechazo a estos lanzamientos.
A todo eso aún cabe añadir el escenario del suceso. Un edificio medio destruido, casi inhabitable, sumergido en un proceso judicial entre el ayuntamiento y la empresa que lo construyó y donde se tiene constancia de la comisión de delitos. Una finca que el ayuntamiento quisiera vaciar para poder rehabilitarla o derribarla.
Y, por otra parte, está la persona afectada, que hasta ayer no había colaborado con la Administración para disponer de otro lugar en el que vivir, algo que sí ocurrió con otra mujer, desahuciada una hora antes en ese mismo inmueble sin ninguna repercusión mediática porque previamente se había gestionado dónde iba a residir.
El desahucio de Francisco, y también de otro hombre que se encontraba en la misma vivienda cuando la comisión judicial acudió, poco antes de las 10 de la mañana, se produjo sin incidentes. Tras comunicarle que debía salir del piso, y con el apoyo de miembros de la PAH, colocó sus enseres en bolsas y las dejó en otras viviendas para pasar después a recogerlo todo. A mediodía tenía cita con Servicios Sociales del ayuntamiento, también gracias a la mediación de la PAH, y así comenzó el proceso para buscarle otro piso con el dinero que percibe de una Renta de Inclusión de 700 euros mensuales, y, si es necesario, con alguna ayuda del ayuntamiento.
Ante la repercusión que este desahucio ha tenido, la concejala de Servicios Sociales, Inma Rodríguez, explicó posteriormente que el ayuntamiento ha hecho todo lo posible para que la salida de Francisco no fuese traumática.
Al menos en cuatro ocasiones durante marzo y abril se le citó para hablar con él y no acudió pese a que la Renta de Inclusión que percibe está supeditada a la «búsqueda activa de una vivienda», algo que tampoco se ha podido constatar por parte de la Administración local. «No se puede dar una patada la puerta y ocupar una vivienda de forma ilegal», expresó la concejala Rodríguez, quien concluyó indicando que desde el ayuntamiento «vamos a seguir ayudándole», pero también le suplicó a Francisco «que colabore» para invertir una parte de sus recursos en pagar un alquiler y comprometerse para realizar cursos de formación que le permitan encontrar un trabajo. «Tiene que revertir su situación», concluyó la concejala que, una vez más, garantizó que el ayuntamiento no desahuciará a nadie del lugar donde reside sin una alternativa de vivienda.
