La oposición de Ròtova, integrada por tres concejales del Partido Popular y otros dos No Adscritos que se escindieron del Gobierno local de Compromís, ha reclamado la implicación de la Mancomunitat de Municipis de la Safor para rebajar la crisis política de ese ayuntamiento y, entre otros aspectos, poder aprobar la reforma de los nuevos estatutos de la Mancomunitat. De esa manera la institución comarcal podría asumir más competencias, gestionar nuevos servicios y acceder a más recursos económicos.
Como publicó este periódico la pasada semana, el resto de ayuntamientos de la Safor ya ha aprobado esa modificación estatutaria, pero la ley obliga a que ese paso sea ratificado en los 31 municipios de la comarca.
Ante esta situación, y debido a la «repercusión comarcal» que la crisis institucional de Ròtova ha generado, los concejales No Adscritos Ana María Puig y Gustavo Morant, junto a los del PP Julia Donet, Dolores Momparler, Martha Gregori y Jesús José Bou, registraron ayer un mismo escrito en la Mancomunitat y en el Ayuntamiento de Ròtova expresando primero los motivos de su comportamiento político, que incluye la negativa a aprobar la reforma de estatutos y, después, planteando una serie de medidas que permitirían desatascar esta situación.
Dicen los representantes del PP y los No Adscritos que el alcalde de Compromís, apoyado por otros dos concejales de su partido, «vulnera de forma sistemática los principios básicos de participación, transparencia y acceso a la información» que, según añaden, «debería ser la pieza fundamental de una sociedad democrática». En una clara intención de provocar una reacción de la Mancomunitat para que implique en este conflicto, la carta resume una serie de acciones que, si al alcalde las autoriza, allanaría el camino para un cambio de actitud política que permita devolver una cierta normalidad al ayuntamiento.
Como en casi todos los conflictos, la versión del alcalde no es la misma. Después de leer ese documento Jordi Puig señaló a este periódico que Ròtova no solo ha aprobado en esta legislatura una ordenanza de Participación Ciudadana y ha activado su Portal de Transparencia, sino que es la oposición la que mantiene «una actitud de bloqueo», incluso cuando se les cita o son invitados a asistir a reuniones que convoca el ayuntamiento o comisiones municipales. «No vienen porque no han querido», asegura Puig, quien, pese a todo, y como ya dijo la semana pasada, sigue abierto al diálogo para intentar llevar esta situación a los canales institucionales, siempre dentro de los límites que marca la ley y el reglamento que regula la gestión en los ayuntamientos. «Siempre», concluye, «garantizando el acceso a la información y a la documentación».
La Mancomunitat, por el consenso
También consultada por este periódico sobre el escrito de los concejales No Adscritos y del PP de Ròtova, la presidenta de la Mancomunitat de la Safor, Assumpta Domínguez, recordó que esta institución se rige desde hace años por el principio del consenso, pero también señaló la importancia que tiene, para el conjunto de la comarca, que Ròtova apoye una reforma estatutaria que ya ha sido aprobada, por unanimidad, en el resto de municipios. Domínguez añadió que, siempre desde el respeto a la autonomía de cada ayuntamiento, la Mancomunitat está dispuesta a dialogar y, en ese sentido, trasladará la petición del PP y los No Adscritos a los dos vicepresidentes de la Mancomunitat, Juan Espinosa y Voro Femenia, para determinar de qué manera se puede ayudar para que Ròtova apruebe los nuevos estatutos.
