El Ayuntamiento de Gandia considera que ya llegado la hora de llamar a la puerta del Ministerio de Hacienda. Tras siete años de aplicación y cumplimiento estricto de las condiciones que marca el Plan de Ajuste, en el ejecutivo están convencidos de que es el momento de hacer una revisión de esta herramienta que se aprobó para mantener a raya a la ciudad y que no se repitieran aquellos errores del pasado en los que no había medida a la hora de gastar dinero.
El alcalde, José Manuel Prieto, anunció ayer, durante una rueda de prensa, que ha solicitado una reunión con el departamento que dirige María Jesús Montero para hablar especialmente de esta cuestión. El objetivo es que el ministerio estudie la posibilidad de «flexibilizar» el plan, que tiene una vigencia próxima al 2040.
Prieto no ofreció más detalles pero por su cabeza pasa la posibilidad de acometer una bajada de impuestos municipales, como él mismo ha repetido en varias entre vistas. Entre ellos, claro está, el IBI, que es el que grava las propiedades inmobiliarias, supone el principal ingreso de las ciudad y, sobre todo, es el que afecta de forma más directa a los vecinos y las vecinas de Gandia.
Desde el Gobierno local se tiene el convencimiento de que en estos momentos se dan las condiciones para poder afrontar una bajada impositiva, que, en todo caso, no es posible si el departamento que dirige María Jesús Montero no enciende el piloto verde.
El Ayuntamiento de Gandia quiere plantarse ante la propia ministra, si hace falta, para mostrarle, documentos en mano, que «la ciudad está cumpliendo» con todo aquello que marca el Plan de Ajuste, por lo que la intención es solicitar al ministerio «que estudie qué margen de flexibilidad puede existir», como señalaba Prieto en su comparecencia.
En el equipo de gobierno hay confianza en que si se presenta un plan para compensar la pérdida de ingresos, que pasaría por reducir el gasto o recibir dinero de otras administraciones.
Prieto hacía memoria ayer y recordaba que Gandia fue una de las ciudades «que tenían una situación económica más complicada», por lo que pasaron a estar tuteladas a nivel económico por el Gobierno. A diferencia de lo que ha ocurrido con otras, «Gandia es la que más está cumpliendo y eso es lo que queremos trasladar» al Ministerio de Hacienda para que acceda a esa flexibilización.
Y es que, como recordaba Prieto, la actual situación impide al ayuntamiento acometer grandes operaciones financieras. «Es muy difícil hacerlo a pulmón, sin ayuda de otras administraciones», apuntaba ante el vicealcalde, Josep Alandete y el concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori.
En todo caso, llegado el momento, habrá que ver en qué medida se puede producir esa hipotética bajada, aunque resulta evidente que no se rebajará al nivel en el que estaba antes de su incremento.
Fue en julio del año 2015, cuando el ejecutivo de izquierdas, entonces comandado por la ahora ministra, Diana Morant, aprobaba una subida de impuestos, que, en el caso del IBI, alcanzaba el 24% pero que también afectó al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que subieron entre el 14,8% y el 44% . Fue una operación «obligada», que incluso a los miembros de aquel ejecutivo les costó mucho asumir, pero que desde el Ministerio de Hacienda se veía como la única forma de saldar una deuda desbocada, que, tras los cuatro años del PP de Arturo Torró al frente del consistorio, alcanzaba los 350 millones de euros y con otros miles sin abonar a los proveedores.
En estos siete años, la deuda ha pasado de 350 a 372 millones de euros, lo que supone que se ha reducido en unos 80 millones en estos siete años y se prevé que en 2023 se destinen otros 10 a seguir pagando la deuda.
Si se produce la bajada de impuestos, que sería para el ejercicio 2023, beneficiará directamente a los vecinos y las vecinas de Gandia, que será en quienes repercuta esa bajada de impuestos, en un contexto con la inflación disparada y el precio de servicios básicos como la luz o el combustible muy alto.
