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Xeraco se gana el derecho a revisar su linde con Gandia en la disputa de 150.000 m2 de playa

La ciudad no recurrirá y deja la decisión sobre la separación en manos de la Generalitat

El actual alcalde, José Manuel Prieto, y la exvicealcaldesa, Lorena Milvaques, en el amojonamiento de l’Auir en el año 2018.

El Ayuntamiento de Xeraco ha ganado el primer envite en la batalla que inició allá por el año 2018 contra el Ayuntamiento de Gandia por el deslinde de los términos municipales en la zona de la playa de l’Auir. A recordar: el consistorio xeraquero, que entonces gobernaban Compromís y el PSPV, reclamaba, en base a un informe histórico de 1904, un espacio de 150.000 metros cuadrados junto a la desembocadura del río que históricamente había gestionado Gandia.

Como en su día publicó Levante-EMV, los representantes municipales de este municipio llegaron a escenificar un amojonamiento. Aquel acto se sustentó en un acuerdo de pleno, formalizado en junio del 2018 avalado por toda la corporación municipal, con el que se aprobaba la apertura de un expediente cuyo objetivo final era (y es) dilucidar a quién pertenece ese pedazo de tierra.

El Ayuntamiento de Gandia presentó un recurso contra aquel acuerdo. En un primer momento, la petición no fue admitida a trámite, por lo que no se valoró judicialmente. El consistorio de la capital de la Safor no se rindió y decidió recurrir el auto.

Ahora, la justicia ha hablado y le ha dado a Xeraco. Pero no decide a quién pertenece esa porción de tierra, algo que tendrá finalmente que desentrañar otra administración, sino que lo que hace es valorar si la apertura del expediente se ajusta a o no derecho.

La sala apunta que Xeraco llevó a cabo «un mero trámite administrativo», que consistió en iniciar un expediente, aún no resuelto, algo para lo que un consistorio tiene plenas competencias y que «no es otra cosa que la puesta en marcha de un mecanismo en favor de la seguridad jurídica», señala el texto judicial. La sentencia recuerda, además, que «se trata de un acto que carece de contenido material que viene a poner en marcha la maquinaria administrativa, posibilitando una futura resolución». Eso es algo, según sigue el texto judicial, que «no determina ni condiciona en forma alguna el acto definitivo».

La sala, por tanto, afirma que el hecho de que Xeraco iniciara el expediente no supone que ni el deslinde ni el amojonamiento sean efectivos ahora.

El Ayuntamiento de Gandia, por su parte, consideraba que el acuerdo de pleno de junio del 2018 no se ajustaba a derecho porque, a su entender, «el amojonamiento es un acto de ejecución material de un deslinde previo y, como tal, no puede primar sobre el deslinde», indicaba. Para Gandia, por tanto, lo que estaba haciendo el municipio vecino era ya asumir en su término municipal esos 600 metros de tierra en l’Auir antes de que cualquier administración lo dirimiera.

El ayuntamiento de la capital de la Safor consideraba «incorrecto» que el acuerdo de pleno suponga «un acto de mero trámite no impugnable», como se alegaba en el auto de inadmisibilidad del primer recurso, en tanto que «constituye una actuación sujeta a derecho administrativo», según se lee en la sentencia.

Los magistrados rechazan estos argumentos y desestiman el recurso, además imputan las costas del procedimiento al Ayuntamiento de Gandia, por una cantidad no superior a 2.000 euros.

Así pues, la pelota ahora mismo está en manos de la Generalitat, que, en base a toda la documentación presentada, deberá decidir a qué término municipal pertenece ese espacio.

El concejal de Gandia, Miguel Ángel Picornell, señala que la justicia «no ha entrado a valorar la cuestión» y da a entender que el consistorio no recurrirá esta decisión y dejará que el expediente siga su curso y se resuelva por la vía administrativa por parte de la Generalitat. Una vez se cierre, y dependiendo del resultado, se podrían retomar las acciones legales.

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