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Morell pide que González pague los costes judiciales y Compromís no descarta recurrir al Supriemo

La vicealcaldesa apunta a la intención de «destruirla» y los nacionalistas dicen que hay un error en la sentencia

No parece que la sentencia que otorga legalidad a las obras de la vivienda de la vicealcaldesa de Oliva, Ana Morell, vaya a servir para zanjar el asunto, al menos en el plano político. Los mensajes que llegan desde cada una de las partes horas después de conocerse la resolución dejan entrever que podría haber más capítulos en la complicada relación que el PSPV y Compromís mantienen en la ciudad pese a gobernar juntos.

Morell, socialista, quiere instar a la alcaldesa, Yolanda Balaguer, de Compromís a que pida a su antecesor, David González, que asuma los costes judiciales, que, según calcula, «ascienden a más de 20.000 euros» por tres sentencias que han acabado dándole la razón. La vicealcaldesa remarca que se trata de «una sentencia muy contundente», que, «ratifica lo que siempre había manifestado».

Para la número dos del ejecutivo «es difícil entender como un alcalde o líderes políticos, ante una situación tan clara, han sido capaces de tomar decisiones contra los técnicos». Remarca, además, que esta actitud «evidencia la intencionalidad de atacar y destruir a un rival político y no defender el interés general». Por último, la vicealcaldesa lamenta que «las consecuencias de este proceso las paga el pueblo». El PSPV de la ciudad defiende a su secretaria general y pone el foco tanto en González como en Vicent Canet, exconcejal de Urbanismo, a quien consideran «brazo ejecutor» de la nulidad de la licencia.

Por su parte, desde Compromís, no descartan, a día de hoy, llevar el asunto hasta el Supremo. Según el portavoz del grupo municipal, Josep Escrivà, la formación va a solicitar nuevos informes «que aclaren algunos asuntos» antes de decidir si elevan el asunto.

Compromís, que muestra todo su apoyo a David González y Vicent Canet, interpreta que la sentencia «no entra en el fondo» y apunta que «hay procedimientos que quedaron latentes». Además aseguran que la resolución «es errónea» porque «la decisión del alcalde solo se basa en los informes municipales y no en el externo». La alcaldesa, Yolanda Balaguer, ha declinado pronunciarse «hasta que la sentencia sea firme».

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