Las negociaciones que durante semanas han mantenido responsables de la vicepresidencia de la Generalitat y Conselleria de Vivienda con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), desembocó ayer en la excelente noticia que esperaban treinta personas que viven en un edificio de la Font d’en Carròs sobre quienes pesaba la amenaza de ser desahuciados el martes de esta próxima semana. Ese lanzamiento ha quedado suspendido.
Las familias, la mayoría en situación de vulnerabilidad, acogieron con satisfacción una noticia que se iba trasladando de unos a otros cuando el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, la comunicó. También el alcalde fontero, Pablo Puig, expresó su alivio por un hecho que todos esperaban. Incluso una portavoz de la Sareb trasladó igualmente su satisfacción por el final feliz.
La suspensión del desahucio es temporal, por un plazo de 60 días, y ya ha sido comunicado al juzgado de Gandia que lo estaba tramitando, pero todo apunta a que será definitivo porque el acuerdo entre la Generalitat y la Sareb incluye el compromiso de que la Administración autonómica compre los pisos de ese edificio de la calle de Santa Isabel, en un número todavía indeterminado pero entre los que, obviamente, estarán todos los habitados por las personas a quienes se les comunicó el desalojo.
Según indicaron el secretario autonómico Alejandro Aguilar y el alcalde Pablo Puig, a partir de ahora se abre el procedimiento para adquirir esos pisos, que pasarán a titularidad municipal. Se hará con el dinero de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a través del Plan ADHA que ya permitido a muchos ayuntamientos la compra y rehabilitación de viviendas.
Desde la Conselleria que dirige Héctor Illueca han subrayado que la dotación para la actual convocatoria del Plan Adha es de ocho millones de euros, de los cuales cuatro proceden de fondos estatales y otros cuatro de la Generalitat.
El aviso de desahucio llegó hace varios meses y desde entonces los servicios sociales municipales también han trabajado para realizar informes de la situación de los vecinos y hallar alternativas habitacionales para ellos.
Tras el acuerdo de ayer Alejandro Aguilar señaló que la suspensión se ha hecho efectiva «tras días de negociaciones» por parte de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda con la Sareb en las que también ha participado la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
Angustia y confianza
«Se trata, sin duda alguna, de una excelente noticia», transmitió Aguilar, quien también puso en valor el «esfuerzo» que está desarrollando el departamento que dirige el vicepresidente Héctor Illueca para evitar el desahucio de estas 20 familias de la Font, «como los de otras suspensiones que han tenido lugar en la Comunitat Valenciana».
Los vecinos de las viviendas habían expresado su angustia, pero reconocían que confiaban en la negociación que la Generalitat abrió con la Sareb. También la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Safor-Valldigna, PAH, que llamó a la movilización en el caso de que se hubiese producido el desahucio, mostró su alegría.
