La Sala del Tribunal de Cuentas, la máxima instancia de ese organismo que juzga responsabilidades derivadas de la gestión del dinero público, ha cerrado el llamado ‘Caso Tele7’ y ha condenado al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, por un «alcance» de 283.125 euros. Es decir, haber pagado ese importe a una empresa de forma indebida con menoscabo para las arcas municipales. La resolución judicial incluye la obligación de devolver el dinero, del propio bolsillo del exalcalde del PP, más los intereses generados, lo que eleva la suma total a cerca de 350.000 euros, según señalan las fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
La operación que deriva en esta sentencia se resume en el pago de 480.000 euros a la empresa Comarques Centrals Televisió, una de las dos adjudicatarias de aquel extraño concurso abierto y ejecutado por Torró que benefició a dos mercantiles audiovisuales, la citada e Inversiones Especiales del Mediterráneo.
Lo que parecía muy extraño, y el Tribunal de Cuentas ha considerado ilegal, es que, en 2012, y siempre a través de la empresa muncipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Inversiones Especiales del Mediterráneo firmara el contrato para emitir programas locales y, un año después, el ayuntamiento y la propia mercantil rescindieran ese mismo contrato, de mutuo acuerdo. Pese a eso, el alcalde, que también era presidente de IPG, ordenó abonar 480.000 euros a la empresa. Los juzgadores interpretan que existe justificación en el pago de una parte de ese capital, en concreto 196.875 euros, pero no del resto, que alcanza la cantidad de 283.125 euros, cifra que se condena devolver al exalcalde gandiense. Además, deberá sumar los intereses generados desde el año 2013, concretamente cerca de 70.000 euros. La suma total ronda los 350.000.
La sentencia ratifica lo enrevesado de la trama jurídica y administrativa que se generó entre el Ayuntamiento de Gandia, la empresa pública IPG y las mercantiles Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo para diseñar y gestionar los dos contratos de para emitir programación audiovisual local, por valor, cada uno de ellos, de 1,5 millones de euros más iva.
Porque, como quedó demostrado en el juicio, antes incluso de la firma de esos dos contratos Comarques Centrals Televisió había cedido sus derechos y obligaciones a Inversiones Especiales del Mediterráneo mediante un acuerdo privado del que no se tuvo constancia hasta mucho después. Por ese motivo, señala la sentencia del Tribunal de Cuentas, de ninguna manera Comarques Centrals Televisió podía ser acreedora de ninguna indemnización por parte de IPG, pese a lo cual cobró 480.000 euros.
La sentencia inicial, ahora ratificada en su integridad, concluye que Arturo Torró «adoptó una decisión claramente perjudicial para el interés público» que, añade «se ajusta al requisito de la negligencia grave», de manera que existió una «responsabilidad contable» traducida en la obligación de que devuelva, con los intereses incluidos, esos 350.000 euros a la caja del Ayuntamiento de Gandia.
La resolución rechaza los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Gandia, que reclamaba que devolviera la totalidad de los 480.000 euros pagados por IPG a Comarques Centrals Televisió, posición a la que se sumó el fiscal, y también el presentado por el propio exalcalde, que solicitaba anular la sentencia inicial por considerar que actuó correctamente y que no hubo ninguna negligencia o ilegalidad.
Reflejado en el próximo presupuesto
La sentencia también obliga al Ayuntamiento de Gandia a que incluya el dinero que Torró debe devolver como reconocido en su contabilidad «y con derecho a cobrar en su presupuesto de ingresos». Así, cuando se reciba la sentencia en el consistorio, deberán comunicar al departamento municipal de Hacienda la percepción de los aproximadamente 350.000 euros que le transferirá en su día el propio Tribunal de Cuentas cuando cobre esa partida al exalcalde. El dinero quedará a disposición del Gobierno local para destinarlo a lo que considere oportuno.
El exalcalde gandiense, con quien ayer pudo hablar este periódico pese a encontrarse de viaje en el extranjero, anunció que va a llegar hasta el final y recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo. "Recurriré y ganaré", dijo Torró, quien mostró su satisfacción porque esta sentencia, aunque rechaza su recurso, tampoco acepta el del Ayuntamiento de Gandia, que pedía elevar el "alcance" a 480.000 euros. El alcalde insistió, como ha venido haciendo desde hace años, que este es un capítulo más "de la persecución" de que es objeto por parte de varias personas, entre las que citó a la exalcaldesa y ahora ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Respecto a qué ocurriría si el Supremo ratifica esta sentencia, el exalcalde del PP tampoco dudó: "Este no es un caso de corrupción, sino una cuestión puramente del ámbito administrativo. Si el problema es el dinero y el juez dice que aquella operación no fue correcta, pagaré".
