El Ayuntamiento de Ròtova tendrá que rascarse el bolsillo para poder legalizar la construcción de la "escoleta" municipal. El ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de expropiación de la parcela privada sobre la que se construyó el edificio sin permiso de sus propietarios. Este trámite viene obligado por una sentencia judicial, de la que se hizo eco este periódico en 2018, que avalaba esa versión tras una denuncia de la empresa titular del terreno. El entonces alcalde, Antonio García, del PP, que fue quien llevó a cabo su construcción, señalaba incluso a este periódico, y así lo defendió también en el proceso judicial, que contaba con un "permiso verbal", reconociendo, por tanto, que no existía ningún documento que le habilitara a construir ese espacio.
La expropiación se inicia después de que, tras un periodo de negociación, el ayuntamiento, ahora dirigido por Compromís, no haya llegado a un acuerdo con los Ròtova Futur SL, que es la mercantil propietaria de parcela. Según el actual alcalde, Jordi Puig, en el expediente consta una propuesta para adquirir el terreno por unos 45.000 euros, una cifra que no ha sido aceptada por los titulares. Todo apunta, por tanto, que el procedimiento acabará en el tribunal de justiprecio, que será el que finalmente fijará el precio que el ayuntamiento tendrá que pagar y se estima que será algo mayor que la cantidad que proponía. Esta se sumará a los 700.000 euros que se invirtió por parte del ayuntamiento para su construcción.
Este sistema es la única salida posible para legalizar el edificio de la "escoleta" municipal y que la parcela pase a ser pública, ya que, como ha afirmado el alcalde, Jordi Puig, "el derribo del edificio es una opción que nunca ha estado contemplada". De hecho, la sentencia ya hablaba de que la expropiación era el trámite que se debía haber seguido en su momento.
Los hechos se remontan al 2008, año en que empezó la construcción del edificio. Para la obra, la administración local adquirió unos terrenos que lindan con los afectados y además ocupó la mitad de la parcela propiedad de la empresa recurrente, con una superficie de 1.200 metros cuadrados. Lo hizo sin ningún tipo de trámite, como quedó probado en la sentencia, y no fue hasta el 2015, siete años después, cuando, en un acuerdo de pleno, inició un proceso de ocupación directa que la justicia tampoco avaló.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio califica esa zona como dotacional educativa. El terreno en cuestión se encuentra en una zona en la que había un proyecto de reparcelación que nunca llegó a ejecutarse. García alegaba en 2018 que esa situación se debió "a la crisis" y que de haberse llevado a cabo este trámite "no tendríamos este problema".
El alcalde confía en que el procedimiento siga adelante sin trabas y que se pueda resolver, del modo que sea, una cuestión que lleva años encallada.
