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Una casa de Xeraco, primera en la Safor en acogerse al proceso de legalización

El alcalde anima al resto de edificaciones a seguir el mismo camino

La vivienda de Xeraco que está tramitando el plan de minimización de impactos. | LEVANTE-EMV

La Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, a través del Ayuntamiento de Xeraco, ha recibido la solicitud del propietario de una vivienda rural ubicada en este término municipal para tramitar el Plan de Minimización de Impactos. Se trata de una figura incluida en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que permite legalizar las viviendas que durante décadas se han construido fuera de ordenación y sin control, es decir, aquellas que se levantan en zonas no urbanizables y de las que hay cientos por toda la comarca.

Esta vivienda es la primera de la Safor que solicita acogerse a esta figura, para lo cual debe cumplir una serie de requisitos que impone la legislación. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ya es mucho el camino que tiene andado para que finalmente la Generalitat acepte la propuesta y «legalice» la casa, lo que impediría cualquier proceso que pudiera desembocar en una orden de derribo. 

Según el proyecto, la parcela, situada en suelo no urbanizable de protección, cerca del cauce del río Vaca, dispone de los principales servicios urbanísticos con los que, habitualmente, cuenta una vivienda: abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento, suministro de energía eléctrica, de telefonía y acceso rodado por vías públicas suficientemente habilitadas.

Además, esos accesos también permiten la llegada de servicios de emergencia, como por ejemplo un camión de bomberos, en caso de que fuera necesaria asistencia. La declaración de minimización de impacto, en este caso de Xeraco, solo se tramita para una única vivienda, ya que, aunque en la zona en la que se encuentra existen otras edificaciones, la más próxima a ella está a 115 metros, como se apunta en la documentación que tramitan el ayuntamiento y la Conselleria de Política Territorial.

La casa tiene una superficie total construida de 345 metros cuadrados divididos en dos plantas y está en una parcela de casi 1.500 metros cuadrados ubicada en la partida Vora Riu, en plena zona del Marjal de la Safor. El terreno en el que se encuentra construida tiene la calificación de suelo no urbanizable protegido porque todo el marjal está declarado como zona húmeda.

Regularización de más viviendas

No se conoce, por el momento, otro municipio de la Safor con viviendas ilegales que estén en proceso de regularizar su situación. De hecho, el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha señalado a este periódico que cuando se aprobó por parte del ayuntamiento el inicio del expediente para la declaración de esta vivienda había otras cuatro cuya tramitación va «más lenta». «Esta va más rápida por el interés del propietario», señala la primera autoridad municipal, quien añade que el proceso responde «a la voluntad política de ir regularizando todas las casetas que están en esa misma situación» mediante el mecanismo que en su día aprobó la Generalitat. 

Mascarell, de hecho, anima a los propietarios de decenas de viviendas que se levantaron sin licencia a seguir el mismo camino. «Nosotros facilitamos los trámites y nuestra voluntad es regularizar el máximo número posible. Todas las que quieran ponerse al día, pueden hacerlo», indicaba.

Respecto a la vivienda de la partida Vora Riu, el alcalde confía que este proceso administrativo «avance rápido y que la gente que tiene casetas vea que se puede hacer y que es positivo». Avelino Mascarell, además, instaba a la Generalitat a «espabilar» y poner en marcha la agencia pública que debe encargarse de tramitar estos expedientes porque «nosotros formamos parte de la burocracia pero es la administración autonómica la que debe aprobar la declaración».

Decenas de urbanizaciones en casi todos los municipios aún no han iniciado el proceso

Casi todos los municipios de la Safor tienen viviendas ilegales construidas tiempo atrás, y no son pocos los que suman urbanizaciones enteras que, con el consentimiento o la «vista gorda» de los ayuntamientos proliferaron durante décadas. Desde Villalonga a Simat de la Valldigna, de Oliva a Gandia pasando por Barx, el problema se extiende por todo el territorio comarcal. Pese a eso, y pese a que son cientos las casas que carecen de sistemas para minimizar su impacto, hasta el momento ninguna de esas urbanizaciones está gestionando la incorporación de los mecanismos habilitados por la Conselleria de Política Territorial para su «legalización». Interés existía, por ejemplo, en Simat de la Valldigna, pero el retraso de la Generalitat a la hora de crear la agencia que debe regular este proceso aún no ha permitido abrir los expedientes. La parálisis generada por la pandemia del covid-19 también ha contribuido a dejar un tanto de lado esta norma de la Minimización de Impactos porque, como resulta obvio, la Administración estaba más pendiente de otras urgencias.

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