La Generalitat ya tramita las infracciones urbanísticas en la mayoría de pueblos de la Safor

Abrir un expediente de infracción urbanística que puede acabar en multa, e incluso en el derribo de lo construido ilegalmente, es un mal trago que la mayoría de alcaldes intentan evitar por lo impopular que resulta y por las consecuencias que acarrea, a veces con enfrentamientos con sus propios vecinos.

Por eso, y también porque es un trámite farragoso que requiere de técnicos y abogados diligentes y bien preparados, la mayoría de alcaldes de la Safor ya se han inclinado por lo más cómodo y ceder esa competencia municipal a la Generalitat, una administración más «lejana» al conflicto que se genera con cada expediente y que puede actuar con más contundencia sin temor a represalias.

En marzo del año pasado, cuando la Generalitat comenzó a asumir las competencias en infracciones urbanísticas cedidas por los ayuntamientos, de la Safor ya figuraban en esa relación los municipios de Ador, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Daimús, la Font d’en Carròs, Piles, el Real de Gandia, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna y Xeraco. Ahora el listado se ha ampliado con al menos otros dos, Oliva y Palma de Gandia, que, justamente, figuran entre los que disponen de un término muy extenso en el que se han levantado decenas o centenares de construcciones sin licencia.

La labor de inspeccionar y, si es el caso, sancionar al propietario o promotor de la construcción ilegal se lleva a cabo a través de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) un nombre que ya lo dice todo y que tiene por misión acabar con ese concepto tan arraigado entre miles de personas de que se puede construir en cualquier lugar.

Seguramente la relación de municipios seguirá creciendo. Ayer mismo el alcalde de Villalonga, que como Oliva y Palma figuran entre los más afectados por las obras ilegales a lo ancho y largo del término, apostaba por ello. Román Garrigós reconocía que «todos nos deberíamos adherir» a la AVPT porque este es un problema «que se nos va de las manos». Si de él depende, concluía Garrigós, tras las próximas elecciones Villalonga estará en la AVPT.

La que no estará, ni tiene intención de hacerlo, es Gandia. El concejal de Urbanismo, Josep Alandete, señala que el consistorio comple con sus obligaciones y, al menos de momento, puede mantener el servicio de inspección urbanística y abrir los correspondientes expedientes allí donde se detecte una infracción.

La prioridad, prevenir

Lo que hasta el momento no se ha revelado es el número de expedientes que los ayuntamientos de la Safor han transferido a la AVPT o los que la propia Generalitat ha abierto de oficio, pero la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje y presidenta de la AVPT, Imma Orozco, no ocultó que la Administración autonómica asumía esa competencia transferida por los ayuntamientos con el fin de «evitar la comisión de ilegalidades en el suelo rural», y añadió que, si bien la prioridad es prevenir, «las normas están para cumplirlas» y se actuará en consecuencia.

La energía solar «alimenta» nuevas viviendas ilegales

Los indudables beneficios de la energía solar, su fácil instalación y un coste cada vez más asequible a cualquier bolsillo, también ha tenido un efecto perverso en el urbanismo. Porque muchas de las viviendas construidas ilegalmente, a las que no se podía suministrar electricidad porque así lo prohíbe la ley, ahora se alimentan muy fácilmente, e incluso más económicamente, con placas solares. Este hecho, señalan algunos técnicos municipales, ha contribuido también a que en los últimos años muchos propietarios de suelo rural o forestal hayan construido sin licencia viviendas generalmente de segunda residencia, pero también para vivir todo el año.