La vieja Gandia preserva su imagen

Como tantas otras ciudades, Gandia fue perdiendo, durante décadas, un patrimonio histórico que sucumbió a la piqueta en favor de una mal entendida «modernidad». Así desaparecieron decenas de edificios que hoy causan admiración y pena cuando se aprecian en las postales o en los dibujos antiguos.

Por eso es importante el paso dado ahora por el ayuntamiento, que acaba de remitir a la Generalitat Valenciana el esperado Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, un documento vastísimo de 2.500 páginas y cientos de planos elaborado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València y coordinado desde el Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio que permite plasmar en un único inventario todo aquello que las Administraciones y los particulares están obligados a preservar.

El catálogo llega con 25 años de retraso, porque la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada en 1998, daba un año para que los ayuntamientos contaran con ese documento. Como resulta obvio, la mayor parte de los elementos que se tienen que preservar se sitúan en los entornos históricos integrados por la Vila Vella y la Vila Nova (llamado Centre Històric) más las áreas del Grau, el Raval, Beniopa, Benipeixcar y l’Alqueria de Martorell.

En esencia, lo que este catálogo obliga a mantener es la imagen. Porque, si bien incluye los edificios protegidos en su integridad, los declarados Bien de Relevancia Local o Bien de Interés Cultural, en el resto se pueden se pueden acometer diferentes tipos de obras siempre que se mantenga la llamada «protección ambiental», que consiste en no alterar la fisonomía exterior. Ejemplos los hay a decenas, y ahí están tanto la Casa de la Marquesa como el propio edificio consistorial de Gandia, edificios que en distintas épocas fueron derribados enteramente, excepto las fachadas, y reconstruidos en su interior sin tener obligación de reproducir fielmente lo anterior.

La concejala de Patrimonio Cultural, Alícia Izquierdo, y el arqueólogo municipal, Joan Negre, explicaron ayer que el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos no debe «asustar» a nadie, sino más bien al contrario. En primer lugar, porque preserva lo que, a través de otros documentos de validez jurídica, ya está protegido por la ley. Y en segundo lugar porque hay algo muy importante que decenas de promotores y propietarios de edificios en zonas históricas esperan desde hace mucho. Se trata de la puesta en marcha de la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento que permitirá conceder en tres o cuatro semanas licencias de obra que ahora tardan meses, incluso más de un año, para desesperación de quienes intentan acometer algún tipo de actuación sobre edificios de esos entornos protegidos.

El catálogo ayudará a ese trámite, pero aún no hay fecha para que esté definitivamente aprobado. Ahora el extensísimo documento se ha remitido a se ha remitido a las consellerías competentes en materia de patrimonio, urbanismo y ordenación territorial, que deberán dar su visto bueno con las apreciaciones que estimen convenientes, abrir un periodo de exposición pública y alegaciones y, finalmente, ratificarse por parte del pleno corporativo. En ese momento entrará en vigor con la misma jerarquía jurídica que el Plan General de Ordenación Urbana.

Según señalaron ayer la concejala Izquierdo y el arqueólogo municipal, con la aprobación de este catálogo de patrimonio el paso definitivo para que el ayuntamiento agilice las licencias de obras en lugares protegidos será la transferencia, de la Generalitat al municipio, para tramitar las autorizaciones arqueológicas, que son preceptivas en muchas zonas de Gandia antes de llevar a cabo obras que alteren el suelo o el subsuelo.

Campaña de información

Con la finalidad de dar a conocer este documento y sus repercusiones legales a todos los ciudadanos con propiedades en entornos afectados, el ayuntamiento anunció que a lo largo del próximo mes de febrero se iniciará un ciclo de reuniones en las Juntas de Distrito de los barrios para explicar a sus representantes «las ventajas de esta nueva herramienta urbanística y resolver todas las dudas que puedan surgir».

«Lo que conseguiremos con el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, la Comisión Mixta para las licencias de obra y la delegación de competencias para supervisar los informes arqueológicos es acelerar enormemente los trámites para la autorización de actuaciones, que a estas alturas tardan meses o más de un año porque es la Conselleria la que resuelve», indica Joan Negre, quien reconoce que esta enorme tardanza «ha supuesto molestias a muchos propietarios que querían sacar adelante obras o rehabilitaciones en estos bienes o espacios».