Almoines y la Generalitat activan el rescate de otro edificio con amenaza de desahucio

Una veintena de familias que viven en un edificio de la calle Partida Sorella de Almoines podrían quedarse en la calle víctimas de uno de esos complejos procesos que acaban con órdenes de desahucio a pesar de que quienes allí viven aseguran disponer de un contrato de alquiler.

En este caso, y según han narrado a este periódico los afectados, hace años que firmaron con un constructor el documento de alquiler, pero la empresa entró en quiebra, no pudo recuperarse y el bloque de viviendas pasó, a través del banco, a manos de la Sareb. Es esta sociedad, el llamado «banco malo» que se quedó con miles de viviendas de la burbuja inmobiliaria, la que no considera válidos los contratos y pide a los inquilinos que se vayan.

El embrollo radica en que los documentos para ocupar las viviendas no se pueden considerar legales porque el edificio no está terminado y, consiguientemente, los pisos carecen de cédula de habitabilidad. Desde hace tiempo se abastece con agua y electricidad provisional, y según señala una mujer de las familias afectadas, lo que la Sareb quiere es vaciar todo el edificio para poder venderlo a una constructura con la finalidad de que lo termine y pueda vender las viviendas.

El alcalde de Almoines, Joan Cardona, reconoce que ese edificio, que se construyó hace cerca de quince años, es «un desastre» porque cada dos por tres salta el sistema eléctrico, entre otras muchas deficiencias. Aun así, y en lo que respecta a la responsabilidad del ayuntamiento, se ha podido evitar el corte del agua potable, porque también existía una orden para ejecutar esa acción, lo que habría agravado el problema de las familias.

«A nosotros no nos han dado la opción de compra», señala otro de los afectados, que recrimina a la sociedad propietaria de todos los inmuebles que ni siquiera se haya sentado a negociar. «Hay algunas familias que se han marchado, pero otras nos estamos organizando para defender lo que consideramos que es justo», añade.

El alcalde explica que este tipo de problemas, que se han dado especialmente en municipios de mayores dimensiones, escapan a las competencias del ayuntamiento, pero aun así se han iniciado gestiones para tratar de evitar el desahucio. En esa línea, se ha trasladado la situación a la vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda, que dirige Héctor Illueca, que, según ha podido saber este periódico, ya ha activado un procedimiento para interesarse por el caso.

Este pasado viernes responsables de la dirección general de Emergencia Habitacional se pusieron en contacto con la Sareb para conocer de primera mano el problema y tratar de buscar una solución que, fundamentalmente, evite el desahucio de las familias. Esta semana esos contactos seguirán.

La Generalitat ya tiene mucha experiencia. En los últimos años el departamento del conseller Illueca ha llevado a cabo decenas de intervenciones que han permitido a muchas personas mantener la vivienda, bien sea mediante la negociación con los propietarios o con la Sareb, o bien aplicando la nueva ley que permite al Consell ejercer el derecho de tanteo y retracto para quedarse con ellos.

En la Safor el ejemplo más importante se produjo en un edificio de la Font d’en Carròs donde también decenas de personas corrían el riesgo de ser desalojados. Los 13 pisos se compraron por 700.000 euros, a una media de 54.000 cada uno, para que los inquilinos pudieran seguir viviendo pagando el alquiler.