La Fiscalía investiga una posible extracción ilegal de agua en el marjal de Pego-Oliva

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si se ha producido una sobreexplotación de recursos hídricos en el marjal de Pego-Oliva. Esa acción, señalan fuentes jurídicas, podría ser considerada un delito contra los recursos naturales y la hacienda pública que se habrían podido cometer a través de la extracción, supuestamente ilícita, de 6,6 hectómetros cúbicos de agua en las inmediaciones del marjal de Pego-Oliva.

En una resolución de este jueves, el Ministerio Público acuerda remitir las actuaciones al fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, para el inicio de investigación penal, y estima el daño sobre el dominio público hidráulico en 11,8 millones de euros.

La investigación judicial surge de una denuncia de Acció Ecologista en el ámbito contencioso-administrativo que ha derivado en la sospecha de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Según consta en el informe, la concesión administrativa para la extracción de agua en el marjal la tiene otorgada el Ayuntamiento de Oliva, si bien la deriva a Aguas del Bullent, que actúa como su representante y que suministra el líquido para consumo humano a urbanizaciones del sur de Oliva.

La investigación se fundamenta en que el Ayuntamiento de Oliva otorgó a Aguas de Bullent en junio de 2008 un volumen máximo anual de extracción de 440.000 metros cúbicos de agua. Sin embargo, en la documentación que obra en poder de la Fiscalía figura que entre 2012 y 2021 se sacaron de los acuíferos del marjal entre 977.820 y 1.278.940 metros cúbicos anuales.

Además, la Fiscalía sospecha que los puntos de captación del agua no se encuentran allí donde fija la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino en otros lugares donde no está permitido

Analizando todos los datos, la Fiscalía estima que el valor del daño ocasionado al dominio público hidráulico por la «extracción ilegal de agua» asciende a un total de 11,8 millones de euros.

Además, se exponen numerosos «efectos adversos» sobre el parque natural del Marjal de Pego-Oliva, tanto en el ámbito ecológico y químico de las masas de agua como sobre la conservación de determinados hábitats o especies, motivo por el cual se abre la vía penal para la investigación de posibles delitos ecológicos y contra la hacienda pública.