Gandia opta por vender el "edificio maldito" tras conseguir el desalojo de todos los okupas

El ayuntamiento desiste de habilitar alguna dotación pública en ese inmueble y ya negocia con inversores interesados en quedárselo para rehabilitar las 82 viviendas, la mayoría destrozadas

El edificio de la calle Perú 57 de Gandia, durante un desahucio que tuvo lugar en el mes de mayo de 2022.

El edificio de la calle Perú 57 de Gandia, durante un desahucio que tuvo lugar en el mes de mayo de 2022. / Levante-EMV

El edificio de la calle Perú 57 de Gandia, situado entre la avenida de Blasco Ibáñez y el instituto Tirant lo Blanc, no acogerá una dotación pública, como había sugerido el ayuntamiento. La mejor opción para esa finca de cinco plantas en las que se reparten 82 viviendas es su venta a una empresa o inversor interesado para que haga con ella lo que estime oportuno. Aquí, en todo caso, el ayuntamiento preferiría que los futuros propietarios opten por rehabilitar los pisos y los pongan a la venta o al alquiler.

Perú 57 en Gandia es sinónimo de «edificio problemático» o directamente «maldito». El complejo residencial se levantó en una parcela de titularidad municipal que, hace casi veinte años, salió a subasta en régimen de concesión para que una empresa construyera y alquilara los pisos. El mejor postor fue Immobles Reunits Catarroja, pero a partir de ahí casi todo salió mal.

Construido el edificio empezó a ser ‘okupado’ y muchas de sus viviendas fueron vandalizadas. Hasta tal punto de degradación llegó que muy pocas familias llegaron a disfrutar de su hogar. Según denunciaron los residentes en las proximidades y confirman fuentes policiales, también se convirtió en un lugar donde se cometían delitos de forma frecuente. El más grave, el atropello mortal de una persona en un incidente ocurrido el 1 de octubre de 2017, en plena Fira de Gandia, que acabó con dos personas condenadas a 19 y 11 años de prisión.

Más de diez años lleva el ayuntamiento intentando solucionar este problema, al que ha tenido que dedicar horas y personal de los servicios jurídicos para ir desalojando, siempre con una alternativa habitacional, a las personas que se instalaban ilegalmente las casas. 

La maldición de Perú 57 se extendió incluso a las relaciones entre la empresa Immobles Reunits Catarroja y el Ayuntamiento de Gandia, con litigios judiciales que todavía no se han cerrado del todo.

En este ambiente, el consistorio ya ha conseguido el desalojo casi total de la finca. Quedan, según fuentes municipales, dos okupas y un inquilino que tiene su contrato en vigor. El resto ha sido tapiado y la Policía Local realiza inspecciones periódicas para evitar que nadie pueda entrar en los pisos.

Ahora el ayuntamiento, que planteó durante tiempo la posibilidad de destinar la finca a usos públicos, incluso relacionados con la educación, ha cambiado de opinión y ha pensado que lo mejor es aprovechar las viviendas.

El concejal delegado de Vivienda, Salvador Gregori, ha explicado que en las últimas semanas ha mantenido contactos con representantes de empresas que estarían interesadas en la compra, e incluso que ya hay quien ha visitado la finca para conocer su estado de primera mano. Visto lo visto, el valor real del bloque es muy inferior a lo que costaría si las viviendas estuviesen en condiciones, porque para poder venderlas o alquilarlas hay que invertir en obras muchos miles de euros.

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