Archivada la última acción judicial de Torró contra Diana Morant y José Manuel Prieto

Arturo Torró, alcalde del PP de Gandia entre los años 2011 y 2015, ha vuelto a fracasar en su obsesión por imputar judicialmente a quien le sucedió en el cargo, la hoy ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

En este caso la acción de Torró ante los tribunales incluía también otra figura políticamente muy significativa, el actual alcalde gandiense, José Manuel Prieto, y también a quien fue la jefa de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento.

El argumento, que causó perplejidad, fue la participación de Diana Morant en una concentración llevada a cabo en un edificio de la calle Perú de Gandia para protestar por un desahucio que afectaba a una persona vulnerable. Ocurrió días después de que Morant accediera a la alcaldía de Gandia, y Torró quiso relacionar este hecho con la idea peregrina de que la empresa que gestionaba el edificio, Immobles Reunits de Catarroja, había perdido una gran suma de dinero por culpa de esa protesta porque, a partir aquellos hechos, se produjo un «efecto llamada» que inició la ocupación ilegal de las viviendas y el impago de las mensualidades de quienes ya estaban allí.

También sorprendió que Torró lograra involucrar en esta misma denuncia penal al alcalde Prieto y a la jefa de los Servicios Jurídicos municipales que, como es obvio, se encargaron de defender, cada uno en su ámbito, los intereses del propio ayuntamiento en este asunto.

Por todo ello, el exalcalde popular, que ya fue condenado a prisión por prevaricación y malversación en el caso Tele7, pendiente del recurso en el Tribunal Supremo, acusaba a los implicados de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Año y medio después de iniciada aquella acción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha archivado las actuaciones. «No se aprecia que concurran en las actuaciones de los denunciados los elementos necesarios para poder apreciar los hechos al delito de prevaricación», dice el magistrado, que usa términos similares para referirse a las acusaciones de malversación y de tráfico de influencias.

En la argumentación de este auto judicial se concluye igualmente que el Ayuntamiento de Gandia ha ido ganando en los tribunales la larguísima batalla judicial que ha mantenido con la empresa Immobles Reunits de Catarroja por la construcción y gestión del edificio de viviendas de la calle Perú. De hecho, ese inmueble ya es enteramente propiedad municipal.