El expediente judicial paraliza el proceso de identificación de los fusilados de Gandia

El ayuntamiento sigue esperando que el juez autorice el acceso a los restos de las 8 personas que están en la Ciudad de la Justicia

La diputación aprueba una prórroga para justificar la subvención

Un grupo de arqueólogos trabajando con los restos de los fusilados en el cementerio de Gandia, pocos después de que se hallaran los cuerpos.

Un grupo de arqueólogos trabajando con los restos de los fusilados en el cementerio de Gandia, pocos después de que se hallaran los cuerpos. / Natxo Francés

Casi dos años después de que tras varios intentos los arqueólogos contratados por el Ayuntamiento de Gandia encontraran en el cementerio municipal de esta ciudad la fosa en la que yacen las personas fusiladas por el régimen de Franco tras la guerra civil española todavía no se ha podido identificar a ninguno de los 24 cuerpos descubiertos en ese lugar.

El problema, por así decirlo, es el retraso en la respuesta del juez de Gandia que mantiene abierto un expediente sobre el hallazgo de esos restos humanos a pesar de que, a estas alturas, nadie tiene la más mínima duda de que se trata de los republicanos asesinados entre 1939 y 1940 por los militares vencedores de la guerra.

De los 24 cuerpos rescatados ocho se encuentran, por orden del juez, en el Instituto de Medicina Legal, ubicado en la Ciudad de la Justicia de València. Para poder realizar las pruebas del ADN recogidas de los familiares se requiere una autorización judicial que, pese a haber sido cursada por el ayuntamiento, aún no tiene respuesta.

Tanto es así que el consistorio se ha visto obligado a tener que solicitar a la Diputación de València una prórroga para justificar la subvención de 40.000 euros que le fue concedida para esas labores de identificación. La responsable de Memoria Democrática y vicepresidenta del ente provincial, Natàlia Enguix, ha reconocido que el retraso no se debe a causas imputables al consistorio y ya ha firmado la orden que permite justificar el uso de la ayuda concedida hasta el próximo verano. Se abre, por lo tanto, un periodo de seis meses para finalizar esa identificación.

Aun respetando los tiempos propios de la justicia, tanto desde el ayuntamiento como desde la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia y desde Arqueoantro, la empresa contratada para realizar las labores de excavación e identificación de los cuerpos, han mostrado su disgusto por esa lentitud y coinciden en señalar que, en condiciones normales, ya se podría haber determinado a quién corresponde cada cuerpo y, en ese caso, culminar todo el proceso con la entrega a sus familiares para que les den una sepultura digna. Esa es, de hecho, la finalidad de estos proyectos de exhumación de víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Otros casos ya resueltos

La intención es que todo se hubiera podido completar antes de estrenar el año 2025. En otros lugares donde no hay un proceso judicial abierto, y, por tanto, el ritmo lo marca el simple trámite administrativo, en menos de doce meses se ha llevado a cabo el hallazgo, la identificación y la entrega de los cuerpos, entre ellos de municipios de la Safor, como Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Oliva, Bellreguard o la misma ciudad de Gandia.

En lo que respecta al cementerio municipal de Gandia, todo va más lento. La identificación de los 24 cuerpos rescatados porque todavía no hay autorización judicial, pero aún queda otra fase de excavación y exhumación de decenas de cuerpos que, se supone, siguen enterrados en aquella fosa común, pero que tienen encima un bloque de nichos construido entre los años 70 y 80 del siglo pasado que no tuvo en cuenta la presencia de los republicanos que estaban allí enterrados. El ayuntamiento ya ha iniciado el proceso para informar a los familiares de los difuntos del bloque para llevar a cabo el traslado y posterior demolición de la zona exacta donde están los cuerpos de los republicanos.

Uno de los pocos casos judicializados sobre víctimas del franquismo

Si bien hay varios casos en España de hallazgo de víctimas de la guerra civil y del franquismo que han sido judicializados y, por lo tanto, sometidos a las decisiones de los jueces, lo más normal es que esa situación se prolongue durante muy poco tiempo. Los magistrados solicitan los informes policiales, forenses o de los peritos y cierran rápidamente el expediente cuando queda determinado que aquellos hombres o mujeres murieron hace casi noventa años.

Lo más común en estos casos es que se apliquen dos leyes. O bien la Ley de Amnistía, aprobada durante la Transición a la democracia, que eximía de responsabilidad penal a los autores de crímenes cometidos durante el franquismo, o bien la evidente prescripción de aquellos delitos, con más motivo todavía por el hecho de que los autores, por razones obvias, ya han fallecido. El caso de Gandia, sin embargo, se prolonga ya va para casi dos años y el expediente judicial aún está pendiente de resolución definitiva.

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