Torró mantiene viva la ofensiva judicial contra Morant y Prieto por el desahucio de la calle Perú

El exalcalde gandiense del PP insiste en que ambos cometieron varios delitos

Un juzgado de Gandia dio carpetazo al asunto hace pocas semanas

Arturo Torró, en una rueda de prensa en Gandia para hablar de cuestiones judiciales.

Arturo Torró, en una rueda de prensa en Gandia para hablar de cuestiones judiciales. / Levante-EMV

Arturo Torró, exalcalde de Gandia del Partido Popular, ha optado por mantener la vía judicial abierta para seguir acusando a sus dos sucesores en el cargo, la hoy ministra Diana Morant y José Manuel Prieto, de haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a raíz de un desahucio que, en junio de 2025, se produjo en un edificio de la calle Perú de Gandia.

Hace unas semanas el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia decidió archivar esa denuncia del exalcalde popular, a la que se sumó la empresa Immobles Reunits Catarroja, al considerar que no hay indicios de delito en las acciones que Morant y Prieto han llevado a cabo como alcaldes de la ciudad.

En concreto, Torró consideró que la hoy ministra de Ciencia, Innovación y Universidades causó un perjuicio al Ayuntamiento de Gandia al haberse opuesto, con su presencia física, al desahucio de una mujer vulnerable que vivía en el edificio del número 57 de la calle Perú. En una enrevesada argumentación basada en la pérdida de valor de las viviendas de aquel inmueble, el exalcalde del PP también acusó de delitos a Prieto y a quien hasta hace poco fue la jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandia, que se limitó a cumplir con sus funciones y defender al consistorio de las acusaciones.

Pese al archivo de la causa, Arturo Torró quiere mantener abierto el proceso y ha optado por intentar reabrirlo y pide al juez de Gandia que, al mismo tiempo, cite a declarar a las tres personas que acusa.

Immobles Reunits Catarroja también recurre la decisión

En el recurso al juez también participa la empresa Immobles Reunits Catarroja, que ha presentado su propio escrito para intentar reabrir la causa. Obviamente estas acciones tienen su innegable repercusión mediática dada la trascendencia política de dos de las personas a las que se acusa: una ministra del Gobierno de España, que también es secretaria general del PSPV y posible candidata a la presidencia de la Generalitat en 2027, y el actual alcalde de Gandia, que previsiblemente también repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales.

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