Antifraude anula 9 empleos públicos de Villalonga convocados en 2022 tras una denuncia anónima

El Ayuntamiento de Villalonga va a tener que reiniciar desde cero el expediente de tres procesos de estabilización de empleo público, que afectan a un total de nueve personas, después de que las bases de todos ellos, aprobadas en el año 2022 por el anterior Gobierno local de PP y Fer Poble, hayan sido declaradas ilegales en muchos aspectos.

Todo arranca a partir de una o varias denuncias anónimas que se formalizaron mediante un escrito dirigido a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) poniendo en conocimiento de este organismo de la Generalitat las presuntas y numerosas irregularidades que se estaban cometiendo con esos procesos de empleo público.

Quien dirigió esas actuaciones fue la concejala de Personal en la pasada legislatura, Alicia Gomis, miembro de la formación Fer Poble, que protagonizó numerosas polémicas y enfrentamientos derivados de su gestión. De hecho, el alcalde de Compromís durante los dos primeros años de la legislatura, Domingo Garcia, llegó a destituirla, pero lo hizo muy poco antes de dimitir para que el popular Román Garrigós ocupara la alcaldía en virtud de un acuerdo de legislatura entre esas tres formaciones políticas. Pese a que ya entonces se habían denunciado «amaños» en un concurso para incorporar agentes de la Policía Local, una de las primeras decisiones del nuevo alcalde del PP fue devolver a Gomis las competencias del departamento de Personal, lo que entonces se interpretó como una exigencia de Fer Poble, toda vez que los dos votos de esta formación eran imprescindibles para consumar el relevo en la alcaldía que se pactó tras las elecciones de 2019 y así dejar en la oposición a los cinco concejales del PSPV, la formación que había ganado ampliamente aquellos comicios.

Ahora, concluidos ya los procesos de estabilización de 28 plazas de funcionarios o personal laboral de Villalonga, se constata que al menos en nueve de ellas se ha incumplido la ley y deben repetirse. En un caso la nulidad afecta a una funcionaria administrativa, en otra a un puesto de personal laboral de la biblioteca, y las restantes siete plazas son personal que trabaja en l’Escoleta municipal.

«Valen más 7 años que 65»

Según consta en el informe, la Agencia Valenciana Antifraude detectó numerosas irregularidades. A modo de ejemplo, se pudo comprobar que puntuaban más 7 años de trabajo en el Ayuntamiento de Villalonga que 65 años trabajados en otras administraciones. «Eso supone una imposibilidad real de acceder a la plaza», indica el documento de la AVAF.

Tampoco se ha valorado disponer del título oficial de valenciano, ni de ninguna otra lengua comunitaria, o de disponer de una titulación superior a la exigida en los concursos, lo que, según señala la AVAF, «plantea dudas acerca de la valoración objetiva de este apartado y si su motivación responde a una desviación de poder para beneficiar a determinados aspirantes en perjuicio de otras personas».

Y también apunta ese informe de Antifraude que las convocatorias para una plaza de administrativo y otra de auxiliar administrativo contaron únicamente con un aspirante admitido y otro excluido. «Este hecho, además de dar a conocer el bajo índice de participación en ambas convocatorias por concurso, acredita de facto el carácter de procedimiento restringido», concluyendo que el proceso es «contrario a derecho».

El nuevo Gobierno local de Villalonga, que ahora está dirigido por el socialista Juanjo Sanchis, remitió todos los expedientes que la AVAF solicitó para investigar esas actuaciones y, con el informe final, elevó el documento al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que ha determinado la obligación de empezar de nuevo todos los concursos.

El alcalde de Villalonga ha señalado a este periódico que el ayuntamiento cumplirá con ese precepto, pero que, teniendo en cuenta que todas las personas afectadas están en sus puestos de trabajo, ha solicitado un informe jurídico para determinar cómo actuar para no vulnerar derechos de nadie y, en el caso de l’Escoleta, no tener que cerrar ese servicio municipal.

Al margen de eso, estos informes generados a partir de denuncias anónomas a la AVAF arrojan dudas sobre el resto de las 28 plazas de funcionarios o personal laboral que, pese a las sospechas que se plantearon en su momento, fueron aprobadas por el Ayuntamiento en la pasada legislatura dirigidos por Alicia Gomis bajo el mandato de los alcaldes Domingo Garcia y Román Garrigós.

Villalonga suspende el concurso de policías con sospechas de amaño por el recurso de dos agentes