El traslado de los Juzgados de Gandia ya genera impacto en la hostelería

La Generalitat completó en Gandia a finales de marzo el traslado de toda la planta judicial desde el barrio de Roís de Corella, donde históricamente ha mantenido un edificio central y varios inmuebles desperdigados por la zona, como Fiscalía o los juzgados de instrucción, al flamante Palacio de Justicia, en el distrito de Santa Anna, en la entrada norte de la ciudad.  

La inversión para poner en marcha esta infraestructura, 21,6 millones de euros, fue la mayor en materia judicial en la historia de Gandia. Se trata de tres bloques enormes donde se concentra todo, que se proyectó con el Consell del Botànic y cuyas obras ha seguido gestionando la administración del PP, si bien todavía no está inaugurado oficialmente. En los nuevos Juzgados trabajan 220 personas, entre funcionarios y personal externo como los de limpieza o seguridad privada. 

El Palacio de Justicia será un revulsivo económico para el barrio. Y por lo pronto ya lo están notando los bares, que dan servicio a los trabajadores de estas tres moles, como los más cercanos en la avenida República Argentina, o el Bar Violeta, el más cercano, sin necesidad de cruzar el puente que salva el barranco de Beniopa. 

Cuando los padres de Violeta Miret, Salvador y Violeta, abrieron en 1963 un bar en el barrio, entonces conocido como Natzaret, no podían imaginar que más de 60 años después el establecimiento serviría desayunos o almuerzos a clientes con traje y corbata. 

Pero así es, tras la llegada de estos nuevos clientes, que en el fondo tienen gustos más o menos parecidos a los que ya frecuentaban este popular bar en la calle de Santa Anna. Ahora que llega el buen tiempo muchos prefieren la terraza, situada junto a un parque en la zona reformada por el ayuntamiento y que está impecable desde el punto de vista urbanístico.  

En el Bar Violeta, donde compran Levante-EMV, «de toda la vida», sienten que les ha tocado la lotería, y esperan que la cosa se anime aún más. A Violeta le ayudan su hija, Laura, y una empleada más, Lorena. «Hemos luchado mucho por conseguir las mejoras en el barrio», señala Violeta, que también es vocal de la asociación de vecinos y ya empieza a hacer amistad con los recién llegados. «Vienen a primera hora y antes de las once o doce, y también me piden cafés y bocatas para llevar».

Es probable que también reactive la vivienda en esa zona, o en la avenida República Argentina, aunque tal y como está el mercado inmobiliario en la ciudad no supondrá un cambio tan significativo como sucede con la hostelería.   

Esa es la cara, que empieza a conocer Violeta, pero la cruz es la cantidad de negocios que han perdido a esa codiciada y fiel clientela en Roís de Corella. David Ramírez regenta desde 2017 el bar Xe què Bo, justo enfrente del que era el Juzgado de Instrucción número 3.

David no sólo conocía a abogados, jueces, vigilantes o agentes, sino que incluso se sabía sus horarios de guardias, y se adaptó a sus necesidades, siempre manteniendo una discreción absoluta, sobre cualquier comentario que podría escuchar allí, cosa que también valoraban los propios funcionarios y premiaban con su fidelidad. «Se han despedido todos de mí, me han dicho que me echarán de menos», comenta David. 

«De 40 desayunos hemos pasado a diez, nos mantenemos por la clientela del barrio, la comisaría de la Policía Nacional y los que trabajan construyendo la residencia de mayores, pero se ha notado mucho, sí», se lamenta David, y por eso pide que los viejos Juzgados tengan cuanto antes unos nuevos usos que aporten un flujo de gente similar. 

Los usos de ese antiguo edificio todavía no están claros. Desde el ámbito local el PP propone que albergue una sede comarcal de la DGT, y el PSPV-PSOE que acoja a asociaciones sociosanitarias o ampliar la comisaría, pero será finalmente la Generalitat, propietaria del inmueble, la que decidirá.

El distrito de Santa Anna ha cambiado mucho y lo seguirá haciendo en los próximos años. El barrio que estuvo marcado por la vivienda precaria, la droga y la delincuencia, renació hace más de una década cuando el ayuntamiento emprendió acciones de mano dura combinada con «urbanismo social». 

Además de los Juzgados, también se construirá vivienda protegida. A principios de abril la Generalitat comunicó que ya ha licitado la construcción de 67 VPO destinadas a alquiler asequible. Además, el ayuntamiento proyecta un bulevar con zona comercial desde la rotonda que da acceso al polígono Alcodar hasta el Palacio de Justicia.