Simat detecta 603 viviendas en suelo no urbanizable y urge a su ‘legalización’

El término municipal de Simat de la Valldigna cuenta con al menos 603 viviendas construidas en suelo no urbanizable y, de ese total, 277 ocupan espacios naturales protegidos por la ley, lo que es doblemente grave.

Ese es el resultado del minucioso estudio técnico que ha encargado el Ayuntamiento de esta localidad y que acaba de entrar en fase de exposición pública después de ser aprobado con el voto de todas las formaciones políticas.

El documento es un auténtico diagnóstico de las infracciones urbanísticas que Simat, como otros tantos municipios valencianos, han sufrido en las últimas décadas, y ha sido realizado tanto mediante la observación física como usando planos y fotos realizadas desde el aire.

Tres son las zonas donde todo el mundo sabe que se ha construido sin licencia durante décadas hasta el punto de haberse constituido en urbanizaciones. La mayor de ellas es el Pla de Corrals, cerca del término de Barxeta. La segunda es la zona de les Foies, lindando con Barx, y la tercera es la Muntanyeta. Después quedan algunas viviendas más diseminadas por los cuatro puntos cardinales del término simatero.

El informe técnico es un ejemplo claro de la voluntad del ayuntamiento por no ocultar un problema que otros consistorios nunca han abordado, pero también, como indica el alcalde Sebastián Mahiques, de poner las bases para, en la medida de lo posible, ir solucionando esa anomalía cumpliendo las normas y leyes que en los últimos años ha aprobado la Generalitat Valenciana.

Los propios autores del informe no ocultan el objetivo, que pasa por «la necesidad de regularizar urbanísticamente la ingente cantidad de viviendas aisladas existente, realizadas al margen de los procesos normalizados de construcción».

El documento, de cincuenta páginas, detalla también los problemas que genera la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Entre ellos relatan los vertidos ilegales al subsuelo a través de pozos negros absorbentes que contaminan los acuíferos, la falta de integración con el paisaje rural o la carencia de medidas para mitigar los peligros que el cambio climático impone, tales como las inundaciones o los incendios.

Con el diagnóstico hecho, ahora queda lo más difícil. Los grupos políticos del Ayuntamiento de Simat esperan que sean los propios titulares de esas viviendas los que hagan valer su responsabilidad y se decidan por adoptar las medidas aprobadas por la Generalitat, especialmente mediante el procedimiento del Plan de Minimización de Impactos.

Esae proceso no supone una «legalización» de la vivienda que se ha construido en suelo no urbanizable, pero al menos da garantías para que ninguna administración obligue a su derribo a corto plazo. En la mayoría de los casos las exigencias son la incorporación de sistemas que eviten la contaminación del subsuelo o disponer de los accesos mínimos.

En el caso de que esas viviendas no se adapten a las condiciones que exige la Generalitat, los ayuntamientos, y ninguna Administración, podrán considerarse responsables en el caso de que se produzcan catástrofes, como inundaciones o incendios forestales.

El alcalde de Simat confía que al menos en algunos casos los propietarios den el paso y propongan la aprobación de los planes de minimización de impactos en aquellas construcciones que ya estaban totalmente acabadas en el mes de agosto de 2014, dada la complejidad administrativa que supone que sea el propio ayuntamiento el que promueva obras de urbanización colectiva en espacios que, como ocurre en el Pla de Corrals, muchas personas ya han convertido los inmuebles como su primera residencia y la ocupan todo el año.

Suscríbete para seguir leyendo