Balance del censo canino en la Safor: pocas multas pero mucho efecto disuasorio

La iniciativa de luchar contra las molestas cacas de perros sin recoger en la vía pública a través de un registro genético canino en poder de los ayuntamientos, con el que aplicar sanciones a los propietarios incívicos tras analizar los restos depositados por el can indebidamente, empezó a implantarse en algunos municipios de la Safor hace cinco años. Un tiempo suficiente que permite hacer un balance sobre cómo está funcionando este servicio. Generalmente, las muestras las recogen agentes de la Policía Local y las envían a la empresa con la que el ayuntamiento tiene la contrata, para su análisis. En caso de que coincida con un perro censado se pone en marcha la maquinaria para multar al propietario. 

Tras consultar a los alcaldes de los siete municipios de la comarca que tienen este servicio y a una de las empresas pioneras en este sector, la principal conclusión es que, en líneas generales, está cumpliendo su objetivo de tener calles más limpias, pero las multas son casi inexistentes. Esto último por varios factores, el principal es que no es necesario, al haber logrado un efecto disuasorio, aunque también se dan problemas como la falta de agentes de la Policía Local o de tiempo de los mismos para recoger muestras, o la contaminación de las heces. También se han dado casos de «cacas forasteras», es decir de perros que no pertenecían a esa localidad. 

Por tanto, el balance es positivo, pero con el matiz de que falta mucha concienciación para que en aquellos municipios donde el sistema está en vigor el dueño registre al perro (algo que es obligatorio, también bajo sanción) y también para que el servicio se extienda a más pueblos, ya que sólo hay 7 de 31 municipios. Por ahora es un fenómeno que se restringe a pueblos pequeños, ya que ninguna de las tres grandes ciudades de la Safor, Tavernes de la Valldigna, Oliva o Gandia, tiene el censo canino, y no parece que exista voluntad por parte de sus responsables políticos de ponerlo en marcha. 

Almoines fue el primer municipio de la comarca que implantó este servicio. En 2019 se hicieron las primeras inscripciones, subvencionadas por el ayuntamiento, y en 2020 se empezó a multar. En esta localidad de 2.650 habitantes el censo tiene 419 perros registrados, y el año pasado hubo 37 nuevas altas. En 2024 se hicieron 49 analíticas, de las cuales el 25% resultaron positivas. La sanción por no recoger las cacas en el municipio es de 200 euros. 

Identificar las cacas «negativas» o «sospechosas» también es importante, aunque no estén en el registro y no se pueda notificar la multa, ya que estos infractores suelen ser pocos pero reincidentes, y con ellas se puede hacer un mapa, geolocalizando los excrementos e intensificando la vigilancia policial sobre esas mismas zonas. 

El alcalde, Joan Carlona, está satisfecho. «Ha servido para reducir mucho las cacas y para concienciar a la gente de recogerla», señala, y matiza que no se persigue un afán recaudatorio, «es un sistema que sólo denuncia al incívico».

En Miramar es la empresa Labtecnic la que se encarga de este servicio desde 2023. Actualmente hay 193 perros dados de alta. Por ahora no se ha impuesto ninguna multa. Un 10% de las cacas analizadas son de animales que no están censados, por eso el ayuntamiento sigue haciendo campañas periódicas para recordar la obligatoriedad de inscribir a las mascotas. La alcaldesa, Pilar Peiró, señala que, aunque no se han puesto multas «desde que empezamos a aplicarlo hay menos cacas». Añade que en los puntos más conflictivos se han hecho varias analíticas y curiosamente nunca son de perros de Miramar. Por ahora la Policía Local sigue adoptando una estrategia informativa. «Si ven algún infractor los agentes les avisan de que están identificados, para que no vuelva a pasar, y de momento nos ha funcionado, en todos los casos se ha acabado el problema, aunque si detectáramos a alguna persona reincidente sí se le multaría».  

En la Font d’en Carròs el concejal de Bienestar Animal, Emili Marcet, señala que el servicio funciona pero se necesita «más concienciación de los vecinos para mejorar los resultados». Otro inconveniente es que en algunos casos la caca analizada está contaminada y no se puede dar con el infractor. La primera fase de inscripción se hizo a finales de 2021 y entró en vigor en 2022. En 2024 se pusieron dos multas. Actualmente hay 366 perros inscritos. 

En Guardamar de la Safor es Labtecnic la empresa que presta el servicio al ayuntamiento. Empezó en junio de 2022 y hasta ahora no han puesto ninguna sanción. Un 20% de las cacas analizadas no estaban registradas, por no ser de animales censados en el municipio. La alcaldesa, Anabel Ferrer, comenta que «está funcionando muy bien y se ha reducido la recogida de excrementos en un 55-60%. Además, se han realizado varias campañas de sensibilización, y hace dos meses se repitió la campaña para el censo». Añade que «nos ha servido también para llevar un control sobre quién tiene animales en casa». 

En Palmera el censo se puso en marcha en 2020, a cargo de la empresa ADNCanino, y se empezó con la fase punitiva un año después. En estos cuatro últimos años se han puesto seis multas. El ayuntamiento tiene a 232 perros con sus respectivos dueños debidamente registrados. El alcalde, Àlvar Català, comenta que «al principio fue muy costoso educar a la gente, pero gran porcentaje de la población ha colaborado en el proyecto y ha inscrito a su animal. En cuanto a quienes han sido reacios a hacerlo, desde el ayuntamiento se les han hecho requerimientos y algunas sanciones se han cobrado en vía ejecutiva». 

En Rafelcofer funciona desde hace cuatro años, con la empresa ADNCanino. Hay 220 perros dados de alta. Aquí desde entonces han puesto más multas por no inscribir al perro (17) que por cometer una infracción (7). El alcalde, Josep Monserrat, comenta que el sistema es eficaz pero es necesario hacer campañas periódicas para inscribirse en el censo «porque hay personas recién llegadas al pueblo que desconocen la normativa, o simplemente algunos a los que les gusta estar fuera de la ley».

En Villalonga su alcalde, Juanjo Sanchis, reconoce que por ahora no se han logrado los objetivos. «Empezó en 2022 con una campaña de censo gratuito en la que se dieron de alta 400 perros, pero no se continuó avanzando. El año pasado decidimos reanudarlo con una nueva campaña gratis para los animales nacidos con posterioridad a la anterior. Ahora mismo tenemos a 488 perros, pero cuando pusimos en marcha las analíticas nos dimos cuenta de que casi todas las muestras correspondían a animales que no estaban censados, por tanto, antes de empezar otra vez con las catas vamos a recordar la obligación de censar a los perros e incluso a multar a aquellos que no lo estén», advierte el alcalde. 

Útil también contra el abandono

La identificación a través de un registro municipal de ADN también sirve para reducir los casos de maltrato y abandono de los animales. Según explica Enrique Perigüell, consejero delegado de ADN Canino, una de las empresas más potentes del sector, con sede en Xàtiva, el censo genético canino es una forma segura de proteger al perro, porque el microchip puede extirparse, pero el ADN no. «Nos permite identificar animales a los que se le ha manipulado o eliminado el microchip, incluso podemos estudiar la filiación de cachorros abandonados y detectar a los propietarios de los padres, contrastándolos con las bases de datos genéticas», comenta. En cualquier caso, desde la empresa también defienden el microchip, porque lleva muchos años detrás y ha demostrado su utilidad, «pero la identificación conjunta con ADN es un tándem inmejorable, es para siempre, y maximiza la identificación y protección de nuestras mascotas».

Desde la empresa confirman que el registro genético tiene un objetivo ante todo preventivo. «No buscamos una acumulación de sanciones sino fomentar el cuidado responsable; cuantos más perros estén censados, menos impunidad habrá en actos incívicos y delictivos», asegura Perigüell.