Qué dice el informe que ha llevado a investigar a un concejal de Tavernes

Acuerdos que son "nulos de pleno derecho". Eso es lo que apunta el informe elaborado por el secretario municipal y el jefe de Personal del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna que ha derivado en la apertura de una investigación judicial por la vía penal contra el teniente de alcalde y concejal de Deportes y Obra Pública, Josep Llàcer.

Según el documento, al que ha tenido acceso Leveante-EMV, las gestiones por las que el asunto ha acabado en el juzgado son los beneficios pactados por el edil, como responsable de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura, con los agentes del cuerpo de la Policía Local para que percibieran una serie de complementos salariales. Para el secretario general del ayuntamiento y el jefe del área de personal, que son quienes elaboraron el dossier, hay dos cuestiones clave por las que el proceso resulta, a su entender, irregular: por una parte, que las negociaciones para implementar esas "gratificaciones" y ajustes en las nóminas se llevaron a cabo en el Consejo de Policía Local, un órgano en el que está representado el propio cuerpo a través de sus sindicatos, y el ayuntamiento, con presencia del edil de Seguridad Ciudadana o el de Personal, pero que, como apunta el informe, no cuenta con competencias para regular administrativamente cuestiones laborales ni retributivas. El documento señala que es la Mesa de Negociación General, en la que se encuentran representados todos los departamentos municipales, el foro donde se debían de haber dirimido esas cuestiones.

Por otra parte, indica que las ventajas que consiguieron los policías están fuera de la regulación vigente en ese momento, tanto en lo que respecta al pago de productividad como en las cuestiones organizativas del cuerpo. Señala, en concreto que de dichos acuerdos se alcanzaron "sin negociación previa en la Mesa de Negociación" y que su aprobación "no se hizo mediante un acto adminstrativo expreso, adoptado formalmente por el órgano competente". Por todo ello consideran que estos "adolecen de nulidad total y absoluta". Los firmantes señalan, además, que no se informó de los mismos ni al secretario ni al jefe del departamento de Recursos Humanos, quienes aseguran que conocieron de estas conversaciones al presentarse el contencioso administrativo.

Dichas reuniones se celebraron en dependencias municipales, con convocatoria oficial y como parte de las gestiones y la relación ordinaria entre la policía y el ayuntamiento, y, de hecho, se levantaron actas en las que se recoge todo lo que allí se habló, lo que indica que todos los participantes pensaban que estaban actuando de forma correcta.

Entre 300 y 800 € de productividad

El escrito, que consta de 37 páginas, detalla de forma bastante exhaustiva el contenido de esos consejos de la Policía Local, con la presencia de Llàcer pero en ocasiones también de otros ediles como los de Personal (primero Enrique Chofre y después Encar Mifsud). En concreto se analiza el contenido de las que tuvieron lugar entre los años 2021 y 2023.

La primera que aparece es de enero del 2021. A este encuentro, Llàcer acude con una "propuesta de asignación de productividades" que van de entre los 300 y los 800 euros dependiendo del rango del beneficiario. En abril de ese mismo ejercicio, el propio edil, en otra reunión, ya plantea "derogar" la resolución que regula el funcionamiento organizativo de la Policía Local. Se trata de un documento, vigente desde 2015, donde se recogen horarios, turnos, forma de trabajar y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del cuerpo. Su apuesta pasa por "negociar un acuerdo global" con "una propuesta alternativa a la productividad". El mismo concejal reconoce en ese punto que "no se puede mantener el pago de esa productividad".

De la lectura del documento se extrae el deseo de Llàcer, expresado en varias de las reuniones posteriores, de iniciar negociaciones para firmar ese nuevo reglamento y que el nuevo, entre otros aspectos, consolide los incrementos salariales como parte de la nómina y no en forma de productividad y que incluya otros beneficios que reclaman los agentes referentes a las horas extraordinarias, entre otras cuestiones. Esta modificación nunca llega a consumarse.

En las reuniones se aprecia cómo los concejales acceden a muchas de las peticiones, tanto económicas como de organización, que realizan los agentes, pese a que incluso dudan de que en el presupuesto haya bastante dinero para poder hacer frente a todas las exigencias. Los policías, por su parte, parecen mostrarse descontentos con el salario base que perciben por estar, apuntan, por debajo del de otras localidades próximas. Por ese motivo reclaman el cobro de complementos como las productividades o gratificaciones por horas extraordinarias, lo que incluye la asistencia a juicios.

"Iícito penal"

Del análisis de toda la documentación, los dos funcionarios "deducen" que "se haya podido incurri en algún ilícito penal" y citan delitos como la malversación, prevaricación de los funcionarios públicos, falsedad documental o fraudes y exacciones ilegales. Es por ello que "ordenan" que se remita a la Fiscalía para que lo analice. Eso sí, en el mismo no se explicita quién habría cometido esas supuestas irregularidades ni el por qué de cada una de ellas.

Otro aspecto que recoge el análisis es cómo "el curso de los acontecimientos varía con la nueva corporación surgida tras las elecciones locales de mayo de 2023, porque comienzan a plantearse dudas por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Personal respecto de la legalidad de lo que se venía negociando y aplicando hasta la fecha".

En febrero del 2024, los sindicatos Comisiones Obreras e Intersindical presentaron un contenciso administrativo por el pago de las productividades, que es lo que deriva en el informe que acaba en manos de la Fiscalía enviado por una persona a la que desde el consistorio no han podido identificar y no por el consistorio.

El documento se firma el 1 de julio de 2017 y, ocho días después, el ayuntamiento encarga, según ha podido saber este periódico, un informe externo para tener una segunda opinión sobre las gestiones con la Policía Local. Ese trabajo se encarga al despacho Zumaquero Abogados y no tiene relación con la defensa de Llàcer ante el juzgado.

La postura de los partidos

Por parte de los partidos que integran el Gobierno local de Tavernes de la Valldigna, PSPV, Compromís y EUPV, no quieren pronunciarse, de momento, respecto a la imputación de Llàcer y, oficialmente, su intención es eperar que la justicia siga su camino y resuelva en uno y otro sentido. El único que ha hablado hasta ahora es el PP, que destapó el asunto en el último pleno y lo aprovechó para atacar a la alcaldesa,L ara Romero, acusándola de querer taparlo.

Sin embargo, personas del entorno del ejecutivo local apuntan a que los y las edilas se encuentran tranquilos y confiados en que la justicia archivará el caso. Respecto al informe algunas voces recogidas por este periódico apuntan que el punto de vista de los funcionarios en el informe está exagerado. En lo que coinciden todos es en que el pago de productividades no se implantó en ese momento, sino que viene de bastante antes.