Terminar el «trinquet legalizado» de Gandia costará un millón de euros

El Ayuntamiento de Gandia va a tener que buscar un millón de euros para poder terminar el trinquet municipal, cuya construcción se declaró ilegal por sentencia judicial, y así abrir una instalación que quedó paralizada en el tramo final de las obras, también por resolución de un juez.

El Gobierno gandiense heredó esa patata caliente de la legislatura 2011-2015, con el alcalde Arturo Torró al frente del consistorio, y tuvo que diseñar una estrategia administrativa para evitar el derribo de una estructura en la que ya se había invertido más de un millón de euros.

La fórmula fue modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir el uso deportivo del suelo en el que se enclava la estructura, de manera que, tras un largo proceso, se ha podido legalizar una obra ilegal.

La última sentencia, dada a conocer este viernes por el Gobierno gandiense, allana el camino para que el trinquet pueda ser una realidad en esta legislatura y vuelva a convertir a Gandia en lo que fue durante décadas: la capital de la pilota valenciana en la modalidad del raspall.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) se resume en tres conceptos. En primer lugar, avala la modificación del PGOU que la Generalitat aprobó en 2020. En segundo lugar, y sin duda la más importante, anula la orden de demolición del trinquet. Y, en tercero, marca los pasos que el Ayuntamiento de Gandia tiene que dar para cerrar definitivamente este conflicto. Y esos pasos son la aprobación, en Pleno Corporativo, de una declaración responsable «que exprese claramente que existe un riesgo de inundación en esa zona», así como las medidas que se han de adoptar para minimizar el riesgo. Eso se hará en un mes o, como máximo, dos.

La sentencia fue celebrada ayer por el Ayuntamiento de Gandia con una visita al trinquet por parte del alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, la primera tenienta de alcalde, Alícia Izquierdo, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, entre otros responsables municipales.

El trinquet «ilegal» de Gandia se queda

La sentencia no es firme, dado que cabe recurso al Tribunal Supremo, y es posible que el Ayuntamiento de Benirredrà y los particulares que iniciaron esta batalla judicial insistan, pero todos son conscientes de los claros argumentos favorables a Gandia que se han escrito en las últimas resoluciones de los jueces y, por eso, son muy pocos los que siguen confiando en que el trinquet algún día será derribado.

Esta sentencia, de hecho, viene a avalar las otras que, en los últimos años, han ido dando la razón a Gandia desde que los tribunales consideraron correcta la «legalización de lo que era ilegal», como expresó ayer Prieto.

Respecto al futuro, lo que queda claro es la firme voluntad del Gobierno de Gandia de invertir el dinero necesario y terminar el trinquet para abrirlo, si es posible, en esta misma legislatura.

En una reciente entrevista entre el alcalde y el presidente de la diputación, Vicent Mompó, Prieto pidió ayuda económica, pero al margen de que llegue, se estudia la fórmula de la concesión administrativa. Es decir, Gandia sacaría a concurso, en un mismo paquete, la conclusión del trinquet y su gestión como instalación deportiva por un periodo que podría ser de varias décadas, evitando el desembolso de dinero público para rematar y activar esta instalación.

Ayer, ante el trinquet salvado del derribo, el alcalde explicó que pidió perdón a los vecinos de Benirredrà y que intentó un acuerdo extrajudicial que pusiese fin a la guerra en los tribunales, algo que, lamentó, no ha sido posible pese a que ofreció un uso compartido de la instalación deportiva, medidas para paliar el tráfico en la zona y una pantalla verde para separar la estructura de las viviendas de Benirredrà situadas justo al lado.