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La refinanciación de la deuda de Gandia limita la bajada de impuestos

El PP revela que el acuerdo con el Ministerio impide reducir el IBI más allá del 0,80

Salvador Gregori responde que en un futuro pueden fijarse nuevos límites

Víctor Soler y Guillermo Barber, en la rueda de prensa de esta mañana.

Víctor Soler y Guillermo Barber, en la rueda de prensa de esta mañana. / Levante-EMV

Gandia

El recientemente anunciado acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Gandia para la reordenación del pago de la deuda municipal, que suma cerca de 256 millones de euros, incluye el compromiso del Gobierno local de no situar el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por debajo del 0,80, lo que da un margen, a la baja, de 14 décimas, dado que el actual está fijado en el 0,94, uno de los más altos de España.

Lo ha revelado el Partido Popular, que esta mañana ha cargado contra el PSPV, y también contra Compromís, por no haber informado de ese dato el día que se anunció el acuerdo para devolver la deuda paulatinamente hasta el año 2070. Ese pacto aligera la carga anual para liquidar los números rojos a cambio de extender el periodo durante los próximos 45 años.

Los concejales Víctor Soler y Guillermo Barber han calificado el compromiso de no bajar el IBI más allá del 0,80 como la «letra pequeña» del acuerdo, y han criticado que el Gobierno local «haya renunciado a una política fiscal propia» por una decisión «tomada unilateralmente y con opacidad». «Vamos a sufrir el infierno fiscal hasta el año 2070», indicaron los concejales populares.

Aunque la competencia para aprobar este acuerdo es del Gobierno local, Víctor Soler ha conseguido que el tema sea abordado, con debate previo, en el pleno que se convocará para este viernes, una sesión en la que el PP aprovechará para desmarcarse y rechazar claramente esta decisión.

Víctor Soler ha situado al alcalde en el blanco de sus críticas, al señalar su «falta de voluntad política» por «ocultar deliberadamente estas condiciones tanto a la oposición como a la ciudadanía de Gandia», y acusó tanto a José Manuel Prieto como a Compromís, de «cerrar acuerdos en la sombra» con el objetivo de disponer «de más recursos para su autopromoción y mantener la campaña política permanente en la que vive».

Aparcar el tema y abrir debate

El enfado del PP es de tal envergadura que en el pleno del viernes Soler solicitará a Prieto que ese tema quede aparcado para «abrir un debate público» y «sentarse con la oposición» sobre la refinanciación de la deuda, dado que se trata de un acuerdo que tendrá repercusión sobre los gandienses de aquí al año 2070.

Ante esas críticas, el concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha respondido que fue el Gobierno local del PP el que, en la legislatura 2011-2015, «dejó Gandia con una deuda desorbitada». «Aunque subieron todos los impuestos por el desastre financiero que habían generado, fueron incapaces de resolver la situación y dejaron la ciudad endeudada hasta el cuello».

Salvador Gregori, en su respuesta a los concejales del PP.

Salvador Gregori, en su respuesta a los concejales del PP. / Àlex Oltra

En contraposición, Gregori señala que el actual equipo de gobierno ha conseguido revertir esa situación, logrando parámetros financieros positivos y consiguiendo una refinanciación aceptada por el Ministerio de Hacienda «que sirve de ejemplo para otros 85 municipios españoles».

Respecto a la política de impuestos, Gregori afirma que hay margen para reducirlos porque el IBI «podrá bajar hasta el 0,80» y, además, asegura que el acuerdo con el Ministerio de Hacienda «no implica que dentro de unos años podamos negociar nuevos límites», dando a entender que en el futuro sí podría haber más margen para bajar los tipos.

Sobre las bajadas impositivas, Gregori reprochó al PP lo ocurrido con el Consell de Carlos Mazón, que, en la Generalitat, «baja 500 millones de euros en impuestos a los más ricos y ahora reclama al Gobierno de España porque no puede pagar a los proveedores».

Finalmente, sobre el debate en el pleno del viernes, Gregori concluye que refinanciar la deuda compete al Gobierno local y que se ha dado información, pero que, aun así, se ha acordado abrir un debate político entre los grupos para que expresen sus posturas.

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