El juez responde a las familias y autoriza la prueba de ADN de los fusilados de Gandia

El juez de Gandia que mantiene la causa de investigación abierta por el hallazgo de las dos fosas comunes en las que aparecieron los hombres fusilados por el régimen de Franco tras la guerra civil ha dado un respiro a los familiares.

Atendiendo la petición de la asociación de descendientes de los represaliados, el magistrado hace unos días autorizó el acceso a los restos de las nueve personas exhumadas del cementerio de Gandia que estaban en el Instituto de Medicina Legal, en València, para que se les pueda someter a las pruebas de ADN que, cotejadas con las de los familiares, permitirá identificarlos. De hecho, según ha podido saber este periódico, los cuerpos, o partes de los esqueletos, han sido llevados a un centro de investigación genética de Madrid para someterlos a esos sofisticados análisis.

La decisión ha contentado a los familiares, como señaló ayer a este periódico la presidenta de la asociación gandiense, Núria Martín, dado que, al menos, se desbloquea un proceso que llevaba paralizado desde hace meses. El Ayuntamiento de Gandia, que también está directamente implicado en esta actuación, incluso tuvo que solicitar una prórroga a la Diputación de València para justificar la subvención recibida para identificar los cuerpos hallados con clarísimas evidencias de haber sido fusilados.

El expediente judicial paraliza el proceso de identificación de los fusilados de Gandia

Según señalan desde la empresa Arqueoantro, la empresa contratada para exhumar e identificar a las víctimas del franquismo halladas en marzo de 2023 en el cementerio de Gandia, ahora se puede trabajar sobre el conjunto de 27 personas, pero advierte de que no se trata de unas pruebas rápidas. Son meses, incluso más de un año, lo que podría tardarse en sacar las muestras de ADN y certificar la identidad de la persona. Arqueoantro ya apuntó hace unos meses que, lamentablemente, el proceso de exhumación de Gandia sufrió un paréntesis de paralización que dejó los esqueletos a la intemperie, de manera que eso degradó el material genético y ahora puede dificultar la identificación.

Son 27 las personas halladas en las fosas a las que se le podría poner nombre y apellido. De ellas, 18 ya estaban en disposición de Arqueoantro porque quedaron excluidas de la custodia ordenada por el juez de Gandia. De las otras nueve que estaban en el Instituto de Medicina Legal, seis habían sido exhumadas, y otras tres siguen allí, porque es imposible su extracción, si bien se han podido obtener restos que permitirían el análisis de ADN.

El Ayuntamiento de Gandia, mientras tanto, sigue el proceso administrativo abierto para continuar con la apertura de la totalidad del espacio en el que fueron arrojados los fusilados en el cementerio municipal, donde se estima que hay alrededor de treinta personas más en esa fosa que tiene encima un bloque de nichos que deberá ser parcialmente demolido, previo traslado de los difuntos.

En su balance de los dos primeros años de la legislatura, que tuvo lugar este martes en el Urbalab de Gandia, la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo, anunció que el consistorio mantiene esa voluntad hasta completarla, porque la idea, como ya ha ocurrido con miles de personas en toda España, es que los familiares que lo deseen puedan recoger los restos de los represaliados y los puedan enterrar dignamente en el lugar que estimen oportuno.

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