La verdad sobre dos calles "acotadas" en Gandia y Oliva

No son pocos los ciudadanos de Gandia y de Oliva que muestran su sorpresa al circular por las calles Alzira y García Ordónez, respectivamente, en esos dos municipios. Porque unas vallas acotan, desde hace más de un año, la vía pública y la acera, sin que los ayuntamientos hayan conseguido devolver una normalidad que los vecinos desean. En ambos casos el problema se explica en lo garantista que es la Administración española a la hora de actuar cuando se toca la propiedad privada.

En la calle García Ordóñez de Oliva el problema son los desprendimientos de la parte trasera de unas viviendas que están sometidas a protección por formar parte del núcleo histórico de la localidad. El ayuntamiento ya ha conseguido que algunos de los vecinos hagan sus obras, mientras que otras tienen listo el proyecto para la reparación. Pero queda una casa de la que hace apenas unos días se desprendió un lienzo que fue a parar al suelo, justo en la zona que está vallada para peatones y vehículos.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, señala que, pasado el tiempo, no ven otra solución que acudir a la vía judicial. En esta vivienda el problema radica en que el propietario no solo no responde, sino que se desconoce su lugar de residencia y, consiguientemente, no se le puede notificar la resolución para que sanee la pared y la cubierta que se están desprendiendo.

«Vamos a tener que solicitar una autorización judicial», indica el concejal de Urbanismo, quien confía en que el visto bueno del juez para entrar en la casa y arreglarla llegue pronto y pueda poner fin a este problema.

El caso de Gandia

En Gandia las vallas están en la acera de la calle Alzira que recae sobre unas naves adosadas a la muralla del siglo XVI. La lluvia de septiembre de 2024 provocó desprendimientos e, inmediatamente, el ayuntamiento requirió al propietario para que actuara.

En vez de cerrar ese expediente en unos días, se abrió un melón burocrático que ya dura un año. El dueño alegó contra la declaración de ruina y contra la orden de demolición porque, como ciertamente ocurre, el Plan General de Ordenación Urbana de Gandia (PGOU) considera que el solar, al estar adosado a un Bien de Interés Cultural, en este caso la muralla, está calificado como zona verde. Y por eso la propiedad exige que el suelo le sea expropiado y que la demolición de la obra en ruina la ejecute el ayuntamiento.

Fuentes municipales indican que, en un segundo requerimiento, se han rechazado esas alegaciones y se ha informado al dueño de que va a iniciarse el trámite de adquisición, lo que no paraliza la obligación de que ejecute la demolición necesaria para evitar riesgos a los viandantes. El final de la historia puede llegar en dos o tres meses porque, si la propiedad no actúa, el ayuntamiento está dispuesto a demoler la nave en ruinas a costa de sus titulares.

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