Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas

Tres episodios de lluvia torrencial entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre, con numerosos espacios urbanos inundados y daños en zonas bajas y subterráneas, han llevado al Gobierno local de Gandia a asumir que eso del cambio climático va muy en serio y que la ciudad, que durante décadas ha sido un ejemplo en planificar y ejecutar infraestructuras para proteger personas y bienes ante esas situaciones, ahora tiene que ir más allá.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, anunció ayer, en una de esas comparecencias cargadas de solemnidad, que el ayuntamiento va a plantear con carácter inmediato una serie de medidas dirigidas a paliar daños, prevenir que ocurran en el futuro y saber cómo actuar ante las emergencias, especialmente en aquella cuestión, que ahora ha despertado polémica, de cuándo cerrar colegios o confinar a los alumnos hasta que pase el peligro.

Prieto, acompañado de los concejales Alícia Izquierdo, Adrià Vila, Lydia Morant y del director de Servicios Urbanos, Sebas Gálvez, destacó en primer lugar que en las últimas décadas la ciudad ha invertido más de cuarenta millones de euros en infraestructuras que evitan inundaciones, la última de ellas, de diez millones, el enorme tanque de tormentas bajo el parque del Clot de la Mota, en la playa.

Pero en todo este tiempo los distintos gobiernos locales no han conseguido convencer a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat, para acabar con las constantes inundaciones que se producen en el tramo final de la avenida del Mar y calles adyacentes, como la de Enginyer Navarro Reverter. Allí los vecinos llevan años denunciando una situación que les obliga, en lluvias de una cierta intensidad, a sufrir y a protegerse para que no entre agua en las casas.

Así, Prieto anunció que, ahora sí, el Gobierno local se va a poner serio frente a la Epsar, o sea, ante la Generalitat, para que revise y apruebe el proyecto ya redactado que contempla un depósito de pluviales de 10.000 metros cúbicos, con su consiguiente red de colectores, que duerme en los cajones desde hace diez años. Cuando se diseñó esa obra se valoró en seis millones de euros, una cifra que, con toda seguridad, se tendrá que actualizar al alza. De momento el pleno de este viernes aprobará una moción, previsiblemente con el voto de todos los partidos, que será el primer paso para exigir a la Epsar la reactivación del proyecto.

En segundo lugar, el alcalde anunció que, pensando más en los bienes privados que en los públicos, el ayuntamiento va a solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica. Así, en el caso de aprobarse, empresas y particulares tendrán más cobertura y más facilidades para cobrar seguros e indemnizaciones por los daños que ha generado este carrusel de lluvias torrenciales en tan pocos días que ha acumulado más de 500 litros por metro cuadrado.

Y, finalmente, el Gobierno local se ha fijado el objetivo de establecer un protocolo claro a la hora de cerrar colegios o, si la lluvia se produce con los alumnos ya dentro, confinarles en los centros hasta que pase el peligro, como ocurrió el pasado 13 de octubre.

Esta es una cuestión que suscita mucho interés, y polémicas entre miles de padres que tienen que hacer frente a esa situación, a veces con muy poco tiempo de margen, y que lleva de cabeza aquellas familias en las que padre y madre trabajan y no tienen a quién dejar a sus hijos. Al margen de lo que determine la Generalitat, que tiene las competencias en materia de Emergencias y Protección Civil, el ayuntamiento quiere pactar con el Consell Escolar Municipal ese protocolo para activarlo cuando la emergencia así lo recomiende.