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El «edificio maldito» de Gandia sigue con problemas y a la espera de solución

El PP reprocha los más de diez años sin que se haya encontrado una salida y el Gobierno responde que la causa es un proceso judicial que sigue abierto

El edificio de la calle Perú 57 de Gandia.

El edificio de la calle Perú 57 de Gandia. / Levante-EMV

Gandia

El Partido Popular de Gandia ha devuelto a la actualidad la situación del que se ha conocido como «edificio maldito» de esta ciudad, un enorme inmueble de 83 viviendas completamente tapiado desde hace años y en el que, según denuncian vecinos del bloque situado al lado, no paran de producirse incidentes que no les dejan vivir tranquilos.

La historia es larguísima y arranca hace casi veinte años, cuando el ayuntamiento adjudicó a la empresa Immobles Reunits Catarroja un solar en el número 57 de la calle Perú, junto al instituto Tirant lo Blanc, para construir vivienda dirigida al alquiler. El proyecto resultó desastroso, se agravó por el conflicto entre el consistorio y la mercantil y pronto se ocuparon muchas de las viviendas, parte de las cuales quedaron destrozadas.

Desde hace unos meses el bloque está tapiado, pero, como ha revelado el Partido Popular recogiendo denuncias de los vecinos de al lado, allí se generan incidentes, reyertas, incendios y se asaltan los pisos. «Es un sinvivir», indicó el portavoz popular, Víctor Soler, repitiendo las palabras que le han trasladado los vecinos.

Soler ha culpado de lo que ocurre al Gobierno local y, concretando a los dos últimos alcaldes de la ciudad, Diana Morant y José Manuel Prieto, y recordó que, en los últimos años, se han sucedido anuncios de destinar el edificio a usos públicos o a venderlo a una empresa para rehabilitarlo y aprovechar las viviendas una vez sean reparadas de sus muchas deficiencias y de los destrozos causados por los okupas.

El portavoz del PP ha solicitado por escrito que se revele qué empresas tenían interés en adquirir la finca y las medidas que se han llevado a cabo para cerrar definitivamente el problema que genera.

El Gobierno local ha respondido a esas críticas. Por una parte, la concejala de Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, acusa a Soler de «exagerar la realidad para generar alarma ciudadana», y le recordó que existe un dispositivo especial coordinado por la Policía Nacional y que «que en ningún caso se puede hablar de abandono». «Hemos tenido constancia de algunos jóvenes que se han colado en el edificio e incluso de alguna persona que hizo fuego, pero de aquí a la situación que describe el señor Soler hay un trecho muy grande».

Respecto al futuro del edificio, el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, ha señalado que el Gobierno local sí tiene diseñada una solución que se anunciará cuando concluya el largo proceso judicial que, desde hace años, enfrenta a la empresa que lo construyó y al ayuntamiento.

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