El 'edificio maldito' enciende el pleno de Gandia

El "edificio maldito" situado en el número 57 de la calle Perú de Gandia ha encendido esta mañana el pleno de Gandia. El motivo ha sido una moción planteada por el Partido Popular para exigir una "solución inmediata" a ese inmueble en el que, pese a estar completamente tapiado, se genera inseguridad y temor porque algunas personas acceden al interior. Según el portavoz del PP, Víctor Soler, allí se trafica con droga y, como relatan los vecinos, siguen produciéndose molestias en forma de incendios, ruido durante las noches y otros incidentes que sufren desde hace años.

El debate ha derivado en un anuncio realizado tanto por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, como por el concejal de Vivienda, Salvador Gregori. A la vista de la situación, y de que el ayuntamiento legalmente no puede hacer más por culpa de un larguísimo conflicto judicial, se va a proceder a vallar todo el perímetro y a incrementar la vigilancia en ese punto para que nadie pueda acceder a las viviendas, completamente destrozadas en su interior.

Reconociendo el sufrimiento de los vecinos del edificio contiguo, que son los que denuncian molestias y temor, tanto Prieto como Gregori han vuelto a resumir, una vez más, lo enrevesado de la situación jurídica de ese inmueble construido hace casi veinte años por la empresa Immobles Reunits de Catarroja.

En resumen, esa mercantil, que ha cometido numerosos incumplimientos del contrato para construir y alquilar los 83 pisos, mantiene un recurso contencioso administrativo para reclamar una indemnización económica al ayuntamiento que, según revela el concejal Gregori, alcanza los 19 millones de euros. Es obvio, y así se ha expresado en varias ocasiones, que el Gobierno local no está dispuesto a pagar esa cifra porque considera que gran parte de la responsabilidad que ha derivado en esta situación es de la propia mercantil que construyó la finca.

"Tenemos la orden de los servicios jurídicos de no hacer nada. Lo único que podemos acometer es tapiar e impedir que no entre nadie en la finca", ha señalado Salvador Gregori, a lo que el alcalde ha añadido que, con los procesos judiciales abiertos, incluyendo uno penal contra él y otras personas que ha quedado archivado, la empresa lo que busca es "bloquear cualquier actuación" porque lo que busca es cobrar la mayor cuantía económica posible.

En esa situación, el Gobierno local sigue sin poder hablar de fechas para que el ayuntamiento pueda hacer lo que anunció hace año y medio, y no es otra cosa que intentar vender la finca a un promotor para que pueda rehabilitar las viviendas y ponerlas bien a la venta bien al régimen de alquiler. Todo dependerá de cuándo concluyan los procesos judiciales que siguen abiertos.

Mientras tanto, la solución temporal para que los vecinos de al lado puedan vivir tranquilos pasa por impedir el acceso al "edificio maldito" mediante esa valla perimetral que, según señalan, se va a construir de inmediato, y una mayor y más rápida respuesta de la policía cuando se denuncie algún tipo de incidente o ilegalidad cometida en ese lugar.

Los vecinos han pedido intervenir

Durante el debate, varios vecinos de la zona han solicitado intervenir en el pleno para explicar la situación que están sufriendo, pero el alcalde, aplicando el reglamento que impide la participación a no ser que previamente se haya solicitado, no lo ha permitido.

Es entonces cuando se ha producido un alboroto con gritos en el pleno, también entre concejales, mientras José Manuel Prieto solicitaba calma tratando de reconducir la situación. Los vecinos, con gritos en los que reprochaban los años que vienen padeciendo los problemas, han salido de la casa consistorial acompañados por los agentes de la Policía Local encargados de mantener el orden en la sesión plenaria.

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