Las «presas» de la Safor que Europa quiere retirar y que Vox exige al Consell que mantenga

Los azudes situados en el cauce del río Serpis, la mayoría de ellos construidos hace más de un siglo para alimentar pequeñas centrales hidroeléctricas o sistemas de riego, están en el centro de una batalla política que gana protagonismo con la elección de Juan Francisco Pérez Lloca como presidente de la Generalitat. Porque esos elementos, que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pide demoler en aplicación de una directiva de la Unión Europea dirigida a «renaturalizar» los ríos, son los que Vox quiere mantener en toda España, de manera que, como socio imprescindible para gobernar la Generalitat, a los azudes del Serpis, y a los situados en el resto de ríos valencianos, les ha salido un poderoso aliado en la Administración autonómica que Pérez Llorca está a punto de estrenar.

Hace años la CHJ comunicó a los ayuntamientos de Villalonga y l’Orxa, entre otros muchos, que los azudes debían demolerse, una actuación que debe ser financiada por los actuales concesionarios del agua que derivaban. Se trata, en la mayoría de los casos, de empresas que han ido adquiriendo paulatinamente y durante más de un siglo las antiguas concesiones administrativas para generar electricidad a partir de unas minicentrales que quedaron desmanteladas hace décadas. Dicho de otro modo, los azudes en realidad ya son inservibles a efectos económicos y retirarlos cuesta muchísimo dinero, tanto que incluso asusta a las empresas que deben financiarlo.

Oposición de los municipios

Los ayuntamientos, y ahí sí que hay un consenso general, rechazan demoler esas estructuras fundamentalmente porque suponen elementos históricos que ya están asociados al paisaje del río, y también porque, según apuntan algunos expertos, su acción contribuye a la biodiversidad gracias a los pequeños lagos que forman a lo largo del cauce.

Según señala la CHJ, esos expedientes de demolición iniciados hace años están paralizados desde hace meses, más aún después del debate que se ha abierto sobre la gestión de los cauces fluviales a partir de la catastrófica dana del 29 de octubre del año pasado.

Lo que queda claro es que, en el ánimo de contentar a Vox, la Generalitat ya ha hablado sobre esta cuestión. Hace apenas unos días, mientras voxistas y populares negociaban la investidura de Pérez Llorca, el secretario autonómico de Agricultura de la Generalitat, Vicente Tejedo, coincidió con el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, en reivindicar la «construcción de más infraestructuras hidráulicas» y en «modernizar el regadío frente a la filosofía de ríos libres». Esa filosofía de los «ríos libres» es lo que defiende la Unión Europea para retirar los diques que interrumpen las corrientes fluviales. En ese encuentro organizado por AVA al que acudió Tejedo se criticaron «las tesis del ecologismo radical que criminalizan los regadíos y siguen empeñadas en la filosofía paleolítica de los ríos libres», lo que suena como música celestial en las orejas de los dirigentes de Vox.

Un cúmulo de competencias

Solo el futuro dirá si los azudes acaban desapareciendo de los ríos valencianos, pero lo que queda claro es que, si, como es previsible ahora, la Generalitat opta por defenderlos, algo que también piden los ayuntamientos afectados, podría actuar desde su ámbito competencial para lograrlo. Entre otras acciones, la Administración autonómica puede alegar una protección patrimonial, dada la antigüedad de esos diques construidos en piedra, y también por criterios ambientales, generando biodiversidad en los pequeños lagos que se mantienen inundados cuando baja el caudal de agua, especialmente en los meses del verano.

En el caso del río Serpis, existen más armas en poder de la Generalitat para evitar la demolición de los azudes, y es que todo el cauce y sus riberas, desde Alcoi hasta la desembocadura en Gandia, están declarados Paisaje Protegido.

La Administración del Estado, en cambio, es no solo la dueña del agua que discurre por ese río, sino también, a través de la CHJ, el ente que gestiona el cauce y sus riberas, de manera que si se mantiene la orden de retirar los azudes podría derivar en una batalla administrativa con un vencedor incierto.

El azud de Bellús sí fue demolido

No son pocos los azudes que han desaparecido de los ríos españoles en los últimos años a consecuencia del plan europeo para renaturalizar los cauces y dejar que el agua discurra libremente. Una de esas demoliciones se produjo en el mes de julio de 2022 en las inmediaciones de Bellús. Allí la Confederación del Júcar retiró un azud en desuso del río Albaida. Entonces ya estaban abiertos los expedientes para hacer lo mismo en el tramo del Serpis comprendido entre Villalonga y l'Orxa. Incluso verbalmente se pidió al Ayuntamiento de Palma de Gandia que comenzara a pensar en la demolición del azud situado sobre el río Vernissa.