La justicia obliga a Gandia a mantener la Zona Acústicamente Saturada de la playa
Los vecinos del entorno de la plaza del Castell anulan el acuerdo que tomó el ayuntamiento en 2024
Los jueces señalan que el periodo de las mediciones acústicas realizadas en la zona fue muy corto

Locales de ocio, la mayoría ya cerrados, junto a los edificios de viviendas en la plaza del Castell, donde sigue el conflicto por el ruido ambiental. / Levante-EMV
El Ayuntamiento de Gandia tendrá que restituir el concepto de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) para el espacio urbano comprendido en la plaza del Castell y calles adyacentes, en la playa. Así lo acaba de determinar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de València, que anula un acuerdo de pleno aprobado el 25 de abril de 2024.
En aquella resolución el consistorio consideró suficiente un informe acústico realizado por una empresa especializada que llevó a cabo mediciones del nivel de ruido entre los días y las noches del 14 de julio al 11 de agosto de 2023. A criterio de los responsables municipales, esos niveles ya no resultaban tan molestos para los vecinos, si bien ese mismo acuerdo de pleno señalaba que se mantendrían determinadas medidas, entre ellas la prohibición de instalar máquinas expendedoras y quioscos de temporada, la intensificación de los controles de la Policía Local para regular el tráfico y otras sin especificar, todas ellas «dirigidas a reducir el nivel de ruido en la zona».
Las comunidades de vecinos de los edificios Gardenias, situados junto a los locales de ocio, la mayoría de los cuales ya han cerrado, presentaron alegaciones en contra de la reversión de la ZAS, exigiendo la vigencia de esa normativa que obliga al ayuntamiento a adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los niveles de ruido en todos los ámbitos, desde la prohibición de terrazas a la reducción de los horarios de apertura nocturna, el control de los vehículos que circulan o la imposibilidad de abrir nuevos establecimientos de ocio.
En su recurso al juez, el argumento fundamental de los vecinos ha sido el corto periodo analizado en el estudio acústico que sirvió de base para revertir la ZAS de la plaza del Castell y calles adyacentes. Los demandantes estiman que ni siquiera llegó a un mes, del 14 de julio al 11 de agosto y, si bien es una época álgida, con un sector turístico a pleno rendimiento, consideran que ese análisis de la contaminación acústica en un entorno con tantas viviendas se debería haber prolongado durante al menos un año. Teniendo en cuenta que la ZAS de la zona del Castell es «estacional» y cubre los tres meses de verano, junio, julio y agosto, más los periodos de Semana Santa y Pascua, el ayuntamiento tendría que haber prolongado las mediciones acústicas al menos durante todo ese tiempo.
En eso coincide el informe que aportó la dirección general de Calidad Ambiental de la Generalitat, que echó en falta que el estudio acústico ni siquiera llegara a alcanzar las cuatro semanas. Por eso la jueza rechaza los argumentos del Ayuntamiento de Gandia y lo obliga a mantener la ZAS. La sentencia, de hace unos pocos días, se puede recurrir, y eso es lo que se está valorando ahora por parte del consistorio.
Una dura y larga batalla contra el ruido en una zona muy sensible
Nadie duda que ocio nocturno y edificios de viviendas son como el agua y el aceite. A poco que los usuarios de esos establecimientos no tengan en cuenta que cuando ellos se divierten otros necesitan descansar, se genera el conflicto. Y eso pasó en la zona de la plaza del Castell y calles de los alrededores, donde durante años los residentes confiesan que han sufrido un auténtico calvario.
El conflicto se trasladó al ayuntamiento, que casi siempre fue reacio a declarar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) porque eso obliga a una serie de normas dirigidas, entre otros aspectos, a reducir los horarios de los locales de ocio y no permitir que abran nuevos. Tampoco a que existan terrazas donde los clientes permanecen en la calle.
La ZAS de la plaza del Castell también se consiguió en los tribunales. Fue una sentencia de diciembre de 2017 la que «condenó» al consistorio a tomar esa medida, de ahí que los vecinos sigan pensando que es conveniente mantenerla aunque muchos de los locales de ocio ya hayan cerrado. Porque, como señala la resolución judicial conocida ahora, a la reducción del ruido también contribuyó el confinamiento de la pandemia del covid-19, un factor ajeno a las medidas que el ayuntamiento adoptó para reducir el ruido que no dejaba descansar a los vecinos.
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