Desarticulada la trama de empadronamientos ilegales de Gandia
La Policía Nacional constata el registro irregular de 127 personas, las cuales habrían pagado para ello entre 200 y 1.000 euros
Fueron víctimas al menos 15 propietarios de vivienda, personas mayores donde se inscribía gente sin ellos saberlo
Confeccionaban contratos de arrendamiento falsos que luego presentaban ante el padrón municipal

Comisaría de la Policía Nacional de Gandia. / Levante-EMV
Josep Camacho
Agentes de la Policía Nacional desarticularon en Gandia una organización criminal dedicada a la obtención de datos personales y falsificación de documentos para empadronar personas extranjeras de forma masiva en el municipio, a cambio de una contraprestación económica. Además, han sido detenidas cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
La investigación por parte de los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Gandia, como ya adelantó este periódico, comenzó en el mes de julio tras tener conocimiento de varias denuncias de ciudadanos residentes en la capital de la comarca de la Safor, donde manifestaban tener empadronados en sus domicilios a personas extranjeras sin su consentimiento.
Tras las primeras pesquisas, en las que se solicitó al padrón municipal de Gandia información sobre los posibles empadronamientos fraudulentos, los agentes constataron la existencia de una organización criminal asentada en esta localidad, dedicada a la falsificación documental, la estafa y el favorecimiento de la inmigración irregular con finalidad lucrativa.
Durante las indagaciones realizadas por los investigadores, se identificaron a 15 víctimas, todas ellas propietarias de viviendas en Gandia, las cuales desconocían en su mayoría, que figuraran empadronados ciudadanos extranjeros en sus domicilios, en algunos casos más de 10. Los agentes constataron el empadronamiento irregular de 127 personas.
Continuando con las pesquisas, se comprobó como la organización estaría conformada por al menos ocho integrantes con funciones diferenciadas y diferentes grados de implicación, los cuales actuaban de forma estructurada y estable, manteniendo su actividad delictiva de manera continuada entre abril de 2023 y agosto de 2025.
Los sospechosos contaban con un alto grado de especialización, combinando la obtención de datos personales con la elaboración de contratos falsificados de apariencia legal, donde incluían referencias catastrales.
Los investigados obtenían de forma ilícita los datos personales de personas de edad avanzada, principalmente mediante la sustracción de correspondencia de buzones, en ocasiones forzando los mismos, para posteriormente confeccionar contratos de arrendamiento falsos que luego presentaban ante el padrón municipal.
De esta forma tramitaban los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa, favoreciendo así la inmigración irregular, ya que posteriormente los ciudadanos empadronados podían presentar los certificados del padrón para consolidar derechos de residencia en España y en consecuencia obtener tarjetas sanitarias u otros beneficios.
50.000 euros de beneficio
Por cada empadronamiento, los investigados cobraban cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros, siempre en efectivo y sin recibo para eludir cualquier control administrativo. Se calcula que podrían haber obtenido un beneficio económico de más de 50.000 euros, además de al menos unos 3.000 euros en falsos alquileres de viviendas.
Por tales hechos, la Policía Nacional detuvo a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
Los arrestados, tras tomarles declaración fueron puestos en libertad no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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