El limbo de la macrourbanización Marenys impide construir y desclasificar el suelo

La dirección de Compromís en la Comunitat Valenciana ha iniciado una campaña que intenta «movilizar a la ciudadanía» en contra del plan del Consell de la Generalitat que, según sus cálculos, permitiría «construir en 7.500 hectáreas junto al mar». Esa norma, llamada Plan de Ordenación Costera (POC), supondría, de facto, una derogación de otra anterior, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) mediante la que el Consell del PSPV y Compromís impidieron nuevas urbanizaciones a menos de 500 metros del mar.

Una de las zonas afectadas es el gran sector urbanizable de Marenys, en Tavernes de la Valldigna, situado al sur de su franja litoral, donde una encrucijada administrativa está provocando una situación cercana al caos.

Por una parte, ese suelo, que es urbanizable, no se puede pasar a no urbanizable porque existe un plan de desarrollo aprobado en 2002. El ayuntamiento, cuyo gobierno local está liderado por PSPV, Compromís y EU, los partidos que aprobaron el Pativel y rechazan el POC, tampoco puede dar el paso reclasificar esa zona porque teme que tenga que pagar una indemnización multimillonaria a la empresa Cavilga o a los propietarios de terrenos.

Precisamente el pasado agosto la Generalitat ratificó el carácter urbanizable de Marenys, a petición del ayuntamiento, de manera que allí no se va a aplicar el vigente Pativel y, consiguientemente, no hay riesgo de acciones judiciales e indemnizaciones que, como se ha visto en otros municipios, podría suponer la ruina del ayuntamiento.

En esta situación, sin embargo, cabría esperar que el promotor de la urbanización en esos privilegiados 510.000 metros cuadrados de costa se lanzara a ejecutar las obras, que sin duda costarán decenas de millones de euros, pero eso es algo que tampoco va a ocurrir.

La respuesta aquí está en el Consell de la Generalitat, porque es esta administración la que puso como condición previa al inicio de las obras la construcción de una depuradora de aguas residuales para tratar no solo los caudales de esa futura urbanización de Marenys, sino también las de la actual playa y el casco urbano vallero.

A su vez, la depuradora es competencia de la Generalitat, que una y otra vez ha dado largas, o ha ido modificando el proyecto basándose en las necesidades reales de la futura depuración.

Así que, sin la depuradora, no se puede dar licencia de obras, pero la promotora Cavilga mantiene los derechos para urbanizar, sin que el Pativel se pueda aplicar en esa zona porque la parálisis no es atribuible a la promotora o a los propietarios del suelo afectado.

Una financiación dudosa

Josep Llàcer, concejal de Compromís en Tavernes, que durante la pasada legislatura fue el responsable de Urbanismo, explica que, en medio de ese embrollo administrativo, es fácil que la posición de su partido a nivel local y autonómico parezcan contradictorias, por lo que apunta a un necesario intercambio de información que permitiría llegar a una posición común y coherente.

Y, en ese contexto, surge otra duda razonable, y es si los propietarios y los promotores estarían en disposición de arriesgar una enorme cantidad de dinero en una macrourbanización, la mayor que se acometería en las últimas décadas en toda la comarca de la Safor, que fue diseñada con criterios de hace treinta años. Más aún teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático son especialmente sensibles en esta zona, entre los cuales está la regresión de la costa y la lenta pero imparable elevación del nivel del mar.