Gandia deja el edificio de Perú vacío de okupas y abre el reto de aprovecharlo

Ha costado mucho tiempo, muchos trámites, muchas protestas y mucho dinero, pero finalmente el «edificio maldito» de la calle Perú de Gandia, un enorme bloque de 83 viviendas que se iban a destinar al alquiler asequible, se ha quedado sin okupas. Es una noticia que agradecen tanto los vecinos del bloque colindante como muchos alumnos y alumnas del instituto Tirant lo Blanc, especialmente aquellos que salen de clase de noche, porque expresaban ciertos temores mirando la estructura de una finca en la que, en no pocas ocasiones, se producían actos que generaban inseguridad.

El punto de inflexión fue el pleno corporativo del pasado octubre, cuando varios vecinos de la calle se personaron en el salón de sesiones para respaldar la iniciativa del portavoz del PP, Víctor Soler, dirigida a adoptar las medidas necesarias que desembocaran en una «solución inmediata» al problema. Aunque hubo tensión, el alcalde, José Manuel Prieto, mantuvo posteriormente una reunión con representantes de los vecinos y prometió actuar con rapidez para acabar con sus temores.

Las decisiones han consistido en verificar que nadie se esconde entre esos pisos desmantelados, el vallado del perímetro del edificio y el tapiado con planchas metálicas de las ventanas y accesos en la planta baja y el primer piso. Paralelamente, la Policía Local, y así lo expresan varios vecinos a este periódico, ha incrementado los controles para garantizar que nadie vuelva a okupar ese bloque abandonado.

El concejal Adrià Vila señala a este periódico que en los próximos días se acometerá también la limpieza de todo el interior, retirando trastos, elementos impropios e incluso elementos vandalizados, arrancados o destruidos, de lo que un día fueron viviendas aptas para entrar a vivir. En total el ayuntamiento ha tenido que invertir 72.000 euros para poner fin a la okupación de los pisos.

Una causa judicial inacabada

Pese a eso, queda pendiente el problema de fondo, y es el conflicto judicial que planteó la empresa que, sobre un solar dotacional cedido por el ayuntamiento, levantó el inmueble en un contrato que se firmó hace casi veinte años. Según defiende el consistorio y ha quedado avalado por varias resoluciones judiciales, la mercantil, Immobles Reunits de Catarroja, incumplió varios preceptos, lo que derivó en el abandono de la construcción, sin que pudiesen actuar las autoridades locales, habida cuenta que la gestión de esas viviendas seguía en manos de la empresa.

La causa judicial queda pendiente, y aún hay que determinar cuánto dinero tendrá que abonar el ayuntamiento por haber rescindido el contrato de construcción y gestión del edificio. Los técnicos estiman que podría suponer más de dos millones de euros, pero al menos eso permitiría al ayuntamiento asumir con pleno derecho la titularidad y hacer con las viviendas vandalizadas lo que estime más oportuno.

La idea, como así ha expresado el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, es la venta a un promotor interesado en invertir, reconstruir los pisos y ponerlos a la venta o alquiler. El ayuntamiento estima que esa sería una de las mejores maneras de aprovecharlo y de poner fin a un larguísimo contencioso, porque, como es sabido, el mercado de la vivienda sigue muy tensionado en Gandia, con una elevada demanda y una baja oferta que, cuando se encuentra, es a precios muy elevados.

Justo en el último día del año el concejal Gregori ha señalado a este periódico que va a reactivar las gestiones para poder encontrar un comprador interesado, independientemente de que el problema judicial siga pendiente de la resolución definitiva.

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