Paralizan en Gandia el desahucio de una familia vulnerable que no podía pagar un alquiler de 700 euros

La presencia de activistas de la PAH de la Safor-Valldigna y del Sindicat de l'Habitatge de la Safor, así como las gestiones que ha venido realizando el ayuntamiento sobre el caso, han logrado paralizar el desahucio de una familia vulnerable de tres miembros previsto para esta mañana en Gandia, en un piso de alquiler ubicado en un bloque de la calle Alfauir. El lanzamiento de la familia, que no tenía alternativa habitacional y por tanto corría riesgo de quedarse literalmente en la calle, se aplaza para el próximo 13 de febrero.

La comitiva judicial ha llegado al lugar sobre las diez y media de la mañana. Antes, desde las ocho y media una veintena de activistas estaban apostados en el portal de la inquilina afectada. La mujer, Cristina, estaba en el portal y fue allí donde recibió a la comitiva. La notificación transcurrió sin incidentes y sin presencia policial de ningún tipo, al menos uniformada y visible.

En ese mismo momento también llegó la concejala de Servicios Sociales, Inma Rodríguez, quien informó a los enviados del Juzgado que el ayuntamiento les ofrecerá a la familia una vivienda en régimen de alquiler asequible. Hay que acabar una pequeña reforma, pero la concejala aseguró que podrán entrar a vivir antes del 13 de febrero. El propietario de la vivienda también está conforme con esta operación, por lo que todo apunta a que el caso tendrá en breve un final feliz.

Se trata de una familia formada por Cristina, su hijo de 15 años con autismo, y su madre de 70 años. Cristina explicó a este periódico que ha vivido una auténtica pesadilla en los últimos meses. Los tres llegaron de El Salvador hace 12 años, recalando primero en Madrid, y después en Silla y Gandia, y están debidamente regularizados y empadronados.

Cristina debía un año de alquiler de un pequeño piso con dos habitaciones por el que venía pagando 700 euros al mes. Ella tiene un trabajo desde casa como teleoperadora, por el que venía cobrando unos mil euros, pero está de baja médica por la situación de estrés que le ha provocado todo este proceso judicial, que empezó tras la denuncia del casero por impago. Asegura que su madre tiene indicios de alzhéimer y su hijo está diagnosticado con autismo, pero se les agotaron las prestaciones sociales y no han podido hacer frente a la deuda.

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