El lío político sobre el centro de FP aleja un proyecto estratégico para Gandia

Un encontronazo político entre cargos de la Conselleria de Educación y del Gobierno de Gandia aleja un proyecto estratégico; el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional Dual, un instituto previsto para el sector Beniopa-Passeig que no sólo aliviaría la saturación del resto sino que podría satisfacer las nuevas necesidades del tejido empresarial de la comarca.

A grandes rasgos, desde el Consell culpan al ayuntamiento de no haber entregado aún una serie de informes técnicos que son preceptivos para su construcción, entre ellos el de inundabilidad, sin los cuales la Generalitat no puede avanzar, mientras que desde el Gobierno local consideran que es la Conselleria la competente y por tanto la que debe aportarlos.

La polémica se fraguó ayer tras una rueda de prensa convocada por el PP en la parcela donde irá este centro, y a la que asistieron la directora general de FP, Marta Armendia, el portavoz municipal, Víctor Soler y los concejales Mar Beltrán y David Ronda. Una comparecencia de la que no estaban informados ni invitados los responsables del Gobierno local.

Armendia acusó al ayuntamiento de bloquear el proyecto. «Llevamos un año esperando informes y estudios técnicos que debe aportar el Ayuntamiento de Gandia y que son imprescindibles para poder continuar con la tramitación», se quejó. Entre ellos citó el informe de inundabilidad, los planos de situación y calificación urbanística, el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico, estudios acústicos, informes de las compañías suministradoras, y uno sanitario. «Sin estos informes, no es legalmente posible licitar ni la redacción del proyecto ni la ejecución de la obra, no es una cuestión de voluntad política, es una obligación administrativa y jurídica que no se puede obviar», comentó.

Armendia aseguró que este es «uno de los proyectos prioritarios de la Generalitat», y subrayó la «total disposición» de la Conselleria para colaborar con el Ayuntamiento de Gandia «y hacer realidad el centro lo antes posible».

Conocido el mensaje, desde el Gobierno local salieron rápidamente a contestar. Aprovecharon una rueda de prensa convocada para el mediodía, con la concejala de Educación, Esther Sapena. La directora general de Urbanismo, Maite Alonso, no salía de su asombro. «A pesar de la deslealtad institucional que supone hacer una visita así, pensábamos sinceramente que la directora general venía a anunciar la licitación de la redacción del proyecto», declaró.

Alonso hizo un repaso histórico del expediente, y recordó que durante la legislatura del Botànic estaba incluido en el plan Edificant, pero con el cambio en el Consell, en marzo de 2023 el PP decidió que lo iba a asumir directamente, sin delegar la competencia en el ayuntamiento. Aunque a regañadientes, el Gobierno de Gandia aceptó, pero instando a un protocolo de intenciones que firmaron el alcalde, José Manuel Prieto, y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena.

En ese documento, además de comprometer un plan plurianual de inversiones, unos 22,6 millones hasta 2027, se estipulaba un cronograma y se marcaba el año 2028 como fecha de finalización de las obras. Según esa hoja de ruta la Generalitat tendría que haber anunciado la redacción del proyecto y dirección de obra en septiembre de 2024.

Desde esa firma del protocolo el Gobierno de Gandia entendió que era la Generalitat, como promotora del edificio, la que debía hacerse cargo de los informes previos que ahora reclama Armendia. Ahora bien, para curarse en salud, el ayuntamiento encargó el informe de inundabilidad. La contratación se inició el 20 de agosto y se adjudicó el 17 de noviembre al estudio de ingeniería IPB Bellver. Los resultados de ese informe estarán en breve. Alonso adelantó ayer que aunque todavía no los conoce con exactitud sí sabe que el informe «no hace inviable el centro, aunque puede ser que lo condicione, pero con cuestiones menores».

Otro aspecto sobre el que la Generalitat puso pegas, pero pudo salvarse fue la modificación del PGOU para preservar el núcleo histórico de Beniopa. Desde el Gobierno local explicaron que esto no iba a afectar a la superficie de la parcela, y si lo hacía sería también un detalle menor que se podría incluir a posteriori en el proyecto. La Conselleria estuvo conforme.

Con estas discrepancias entre ambas partes aparentemente subsanadas, Maite Alonso reveló, a raíz del desencuentro de ayer, que en diciembre le llegó un correo electrónico de una funcionaria de la Conselleria donde, textualmente, le indicaba: «Vamos a lanzar el anuncio previo de licitación del contrato de servicios para la redacción de los proyectos del centro en esa parcela». De ahí el desconcierto que ha causado entre los responsables municipales las acusaciones de Armendia.

«El proceso está siendo un calvario, desde el primer día la Conselleria no está cumpliendo y esta última vuelve a ser una excusa más, están pidiendo informes que dependen de la Generalitat», criticó Alonso, y añadió que en el PP «son capaces de bloquear lo hecho, ni hacen ni dejan hacer». Esther Sapena apuntó que en las primeras reuniones de hace un año «no se habló de esos informes».

Desde el PP se mantienen firmes en su versión y aseguran que la presencia de Armendia ayer en la ciudad era precisamente para certificar la falta de diligencia del Gobierno local. Tras esta última disputa política hay una cosa cierta, y es que el esperado instituto de FP ya no será una realidad, al menos hasta la próxima legislatura.

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